La segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado (Perte_VEC) se mantendrá en los plazos que manejaba el Ministerio de Industria pese al adelanto electoral anunciado ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los más de 2.180 millones que restan de la primera convocatoria del Perte_VEC se convocarán en dos líneas, tal y como estaba previsto, según ha podido saber este periódico de fuentes del Ministerio de Industria. Desde el ministerio que dirige Héctor Gómez explican a este periódico que "la tramitación de los Perte no se ve afectada por el adelanto electoral".
Así, la segunda convocatoria del Perte_VEC se mantiene, por un lado, la línea específica para baterías, prevista para junio y; por otro, la línea destinada a los fabricantes, la industria auxiliar y la cadena de valor, prevista para septiembre.
En el caso de la convocatoria de baterías, Bruselas ya autorizó el plan, dotado de 837 millones de euros, al considerarla "necesaria, adecuada y proporcionada", porque se enmarca en la transición de la UE hacia la economía cero emisiones. Esta ayuda económica se destinará a las compañías especializadas en la producción de baterías, en la fabricación de sus componentes esenciales o de materias primas vinculadas al sector. De esta manera, el Consejo de Ministros puede seguir aprobando Reales Decretos y leyes en la Diputación Permanente. Desde Industria apuntan que "las convocatorias seguirán su curso y vamos a seguir cumpliendo con los compromisos de ejecución tanto de los Presupuestos Generales del Estado como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
Una situación que permitirá resolver inversiones que las automovilísticas están pendientes de conocer la letra pequeña de esta segunda edición del Perte. Entre estas compañías está la china Envision que de la mano de Acciona impulsará una gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata (Cáceres).
Pero no es la única. Stellantis, el mayor productor de vehículos en España, está pendiente de conocer cuáles son las ayudas del Perte con el objetivo de asignar las plataformas eléctricas STLA a las factorías de Vigo, Figueruelas (Zaragoza) y Madrid. Ford, por su parte, ya renunció en la primera convocatoria a los 106,3 millones que se le había asignado por una actualización de sus planes de producción. Asimismo, la eslovaca Inobat mantiene a España en la carrera por albergar una planta de baterías en Valladolid.
No obstante, la primera edición del Perte no estuvo exenta de polémica. En un primer momento, por su complejidad a la hora de formar las agrupaciones para poder optar a los fondos. Por otro lado, por la dificultad a la hora de ejecutar los fondos antes del 30 de junio de 2025. Tal fue la situación que Seat presionó por la cantidad recibida en la primera convocatoria. El Grupo Volkswagen, que acometerá la inversión automovilística más elevada en la historia de España, hasta los 10.000 millones de euros, tensó la cuerda por los pocos fondos recibidos. Y, en medio de todo ello, el secretario general de Industria y Pyme, Raül Blanco, fue cesado. La entonces titular de Industria, Reyes Maroto, también dejó el Ministerio y se presentó a la alcaldía de Madrid, situación que le ha permitido recuperar tres ediles. Insuficiente, en todo caso, dada la mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida.
España se mantiene neutral con Euro 7
Donde no se han producido cambios significativos es en la neutralidad de España sobre la normativa de emisiones Euro 7. Y es que nuestro país ostentará la presidencia del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre del año. Las mismas fuentes explican que "el Ministerio continuará trabajando en las iniciativas de cara a la presidencia española".
Y España tiene mucho que decir, ya que nuestro país es uno de los más afectados por esta norma, cuya entrada en vigor para turismos y furgonetas está prevista para julio de 2025. Por lo pronto, ocho países (Francia, Italia, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía) han pedido una evaluación exhaustiva de las repercusiones de la propuesta legislativa tanto desde el punto de vista técnico como en términos de análisis coste-beneficio.
Los Estados miembro firmantes han manifestado como principales preocupaciones que "cualquier normativa nueva sobre emisiones", como el endurecimiento de los límites de óxido de nitrógeno y monóxido de carbono que entraña la norma Euro 7, desviarían las inversiones necesarias "para alcanzar el objetivo de 2035", que establece el fin de la venta de vehículos de combustión.
La situación es delicada por la decisión que han de tomar el Grupo Renault y Geely, principales accionistas de Horse, el negocio de combustión e híbridos de ambas compañías, en las que también participa, aunque de forma minoritaria, la petrolera saudí Aramco. Y es que Rumanía y España son los principales países para acoger la sede de esta división.
