Valencia
La empresa pública de la Generalitat Valenciana y el Estado que promueve los terrenos y el parque empresarial Parc Sagunt II donde se ubicará la gigafactoría de baterías de Volkswagen tira la toalla y renuncia a una batalla legal para alargar el plazo para pagar el justiprecio fijado el Jurado Provincial de Expropiación (JPE) a los dueños de las parcelas, en su mayoría agricultores.
Aunque fue el presidente Ximo Puig quien la hizo pública en plena campaña electoral, la decisión se toma de después de que el TSJ de la Comunidad Valenciana haya dictado al menos 5 sentencias en que tumbaba recursos de Adif en casos similares. Esa decisión que suponía alargar con procesos y costas judiciales provocó las protestas de los sindicatos agrarios, que consideraban a los agricultores los grandes perjudicados.
De hecho, la promotora pública ya había contratado al despacho gallego de abogados y oficina técnica de planeamiento Calixto Escariz por 343.000 euros para el asesoramiento y defensa letrada en los procedimientos judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
El consejo de administración de Espais Econòmics Empresarials (EEE) acordó retirarse de los recursos contenciosos contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación (JPE) tras comprobar que los motivos que podían fundamentar dichos recursos coinciden con los argumentos que han sido rebatidos y no acogidos por el Tribunal Superior Justicia en las mencionadas sentencias.
La entidad pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada por la Generalitat Valenciana y el Gobierno central a través de Sepides, inició un proceso contra el justiprecio marcado por el Jurado Provincial, un organismo formado por técnicos de la propia Administración Pública. Sin embargo la empresa pública consideraba que el órgano dictó las resoluciones valorando al alza más de un millar de parcelas de propietarios que no habían aceptado los precios fijados en la oferta de compra directa.
Malos precedentes
Precisamente la promotora de Parc Sagunt había basado sus valoraciones en las realizadas por Adif, algo que también generaba serias dudas dado que en el caso del suelo industrial pese a la declaración de interés general se destinara a la venta a empresas con una actividad y un beneficio económico, no para una infraestructura pública. De hecho la Generalitat ya ha tenido malas experiencias con las expropiaciones de Terra Mítica y Ciudad de la Luz, cuyos precios se dispararon.
"Continuar con este proceso teniendo en cuenta los pronunciamientos del TSJCV podría suponer un agravio para EEE en cuestión de costes judiciales y administrativos y un perjuicio para los agricultores expropiados", ha explicado la presidenta de EEE, Maria José Mira. La propia Mira había argumentado ante las organizaciones agrarias AVA-Asaja y La Unió que pagar el justiprecio del jurado provincial de expropiación como solicitan los propietarios del suelo sería motivo de "prevaricación".
Según Mira, aunque esta decisión eleva el justiprecio marcado inicialmente a favor de alrededor de 1000 agricultores, aunque "no afectará a la viabilidad del proyecto".
Espais Econòmics Empresarials está redactando el proyecto de urbanización de las obras para dotar a Parc Sagunt II de los accesos, viales, infraestructuras y redes de servicios que permitan la implantación de empresas. En las obras de urbanización se estima una inversión superior a los 200 millones de euros que se adjudicarán a mediados de mayo, una vez aprobado el Plan de Actuación Integrada (PAI) tras los procedimientos de licitación correspondientes.
