En toda guerra siempre hay dos bandos y una causa a defender. En la guerra que estos días se libra en la industria de la inversión colectiva los bandos están muy claros. A un lado están las gestoras activas, o al menos las que presumen de serlo, y en el otro las gestoras pasivas o lo que es lo mismo, las que venden ETFs en España. Aunque también hay gestoras que mantienen la neutralidad suiza, como las firmas extranjeras que además de fondos activos venden ETFs y que son las que han reabierto la guerra.
La causa también está clara: las primeras no quieren que los productos de la segundas cuenten con las mismas características que los fondos de inversión a pesar de que en todos los países europeos los ETFs son considerados fondos y no acciones como en España. Pero es que Spain is different y en el caso de los fondos esa diferencia tiene un nombre: traspaso, el gran casus belli. Solo en nuestro país se permite que los traspasos que se realicen entre fondos españoles (y extranjeros con al menos 500 partícipes) no tengan coste fiscal para fomentar el ahorro a largo plazo. Es decir, solo en España se permite que un inversor pase de un fondo a otro sin tener que tributar por ello.
Esta extraordinaria ventaja fiscal, con la que solo cuentan los fondos, planes de pensiones y PPAS, se introdujo en la industria hace 14 años y es a día de hoy el GRAN reclamo de la industria. No en vano, consiguió que en solo un año, de 2002 a 2003, los activos en Instituciones de Inversión Colectiva pasaran de 9.090 millones de euros a 25.415 millones, un 179% más. Además, la fórmula del traspaso es lo que ha dinamizado la industria de fondos en los últimos años. Según los datos de Inverco, en 2016 los traspasos abarcaron el 44% de todas las suscripciones brutas en fondos.
Ahora, 14 años después de la primera gran reforma una consulta de Tributos en la que se acalaraba que los ETFs comunitarios podían disfrutar de la misma fiscalidad de los fondos españoles podría provocar la que sería la segunda GRAN reforma de la industria: que los ETFs también pudieran traspasarse sin coste fiscal. Pero esta posibilidad va camino de quedarse en dique seco ya que, según ha podido saber elEconomista, son varios los protagonistas que, abanderados por los principales actores de la gestión nacional y un nutrido grupo de firmas extranjeras, han mostrado su desacuerdo ante Hacienda.
Pero ¿por qué se quiere impedir que los ETFs tengan la misma fiscalidad de los fondos? Dicen que porque implica muchos cambios tecnológicos y dudas en la operativa, pero, según afirma un experto, "lo que hay es mucho miedo". Miedo a que con la igualdad fiscal sean muchos los inversores que viendo que hay pocos fondos que baten a sus índices cambien sus productos de gestión activa con comisiones de entre el 1 y el 2% por ETFs con costes de entorno al 0,4%. Productos estos últimos que, además, no dejan margen para las retrocesiones a las redes de distribución. Las mismas retrocesiones que están engordando también los márgenes de los bancos a los que pertenecen la mayoría de gestoras, sobre todo en un contexto de tipos al 0 que deja pocas líneas de negocios en los que obtener beneficios.
