
A diario llegan al supervisor de la bolsa española reclamaciones y consultas por parte de inversores particulares. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tramitó el año pasado 759 reclamaciones, un 14,3% menos que en 2023, aunque las consultas atendidas, principalmente por vía telefónica, aumentaron un 3,2%, hasta la cifra de 10.354. Las causas fueron muy distintas. Una de las preocupaciones por las que continuaron insistiendo al organismo es la relacionada con las comisiones que cobran las entidades sobre títulos de empresas que dejan de cotizar en bolsa.
La CNMV explica en su última Memoria de Atención de reclamaciones y consultas de los inversores que un asunto que preocupa a los accionistas de compañías excluidas de cotización es el cobro de comisiones de custodia de valores y la imposibilidad de cancelar la cuenta de valores y, por ende, la relación comercial con la entidad financiera. "Los inversores solicitan soluciones para dejar de mantener y pagar comisiones por la custodia de los valores excluidos, tanto españoles como extranjeros, que aparentemente carecen de valor patrimonial", recoge.
Algunos accionistas de sociedades excluidas de negociación y en liquidación cuyas acciones están representadas por anotaciones en cuenta, se quejan ya que, como resume el regulador, "para el titular resultan una carga de la que parece imposible deshacerse". Una de estas sociedades ha sido tradicionalmente La Seda de Barcelona (en liquidación), excluida de negociación en las bolsas de Madrid y Barcelona el 16 de noviembre de 2015. "Solo en 2024 se recibieron 221 escritos referidos a esta sociedad", destaca. Sobre esta empresa, la CNMV recuerda que Iberclear comunicó el año pasado su intención de iniciar un procedimiento de renuncia que, una vez concluido, permitiría a los titulares renunciar al mantenimiento de la inscripción a su favor de las acciones en el registro de anotaciones en cuenta y, por tanto, dejar de pagar comisiones e incluso cerrar la cuenta de valores.
El supervisor también destaca que hubo consultas sobre las opas presentadas sobre Applus por Amber y Manzana Spain Bidco y el régimen de ofertas competidoras; así como de los plazos que tenían los accionistas para aceptar las ofertas y su plazo de liquidación. Aunque lo que acaparó más preguntas fue todo lo relacionado con entidades no registradas en la CNMV, los llamados chiringuitos financieros. En 2024 supusieron un 30 % del total de las consultas escritas. De ellos, un 37 % (211 consultas) preguntaba por entidades sobre las que el supervisor ya había advertido. En 2024 estas entidades continuaron centrando su actividad en productos y servicios relacionados con los criptoactivos. Por otra parte, también cabe destacar el incremento en la oferta de servicios de trading algorítmico automatizado basado, presuntamente, en sistemas de inteligencia artificial
Relacionado con lo anterior, los inversores también alertaron sobre el uso fraudulento de la identidad de la CNMV, ya que algunas entidades suplantan su imagen para ofrecer gestionar la recuperación de inversiones a víctimas de chiringuitos financieros a cambio de pagos por adelantado. Otras consultas tuvieron que ver las emisiones de deuda sostenible y las preferencias de sostenibilidad en la evaluación de idoneidad de clientes, y sobre la legalidad de las recomendaciones sobre inversión en redes sociales.
Reclamaciones a favor del cliente
De las reclamaciones tramitadas, el 39,1% concluyeron con un informe favorable al reclamante, según recoge la CNMV en su Memoria. "Solo 58 reclamaciones en toda España, en los que el cliente llevaba razón a juicio de la CNMV, quedaron sin resolverse a su favor", cuantifica el supervisor.
Entre las causas de las reclamaciones, las más habituales fueron las relativas a la información posterior a la adquisición que facilitan las entidades (20 %), las comisiones cobradas por las entidades (19,4 %), la información previa a la compra proporcionada por estas (15,3 %) y las incidencias en las órdenes de compraventa (14,2 %). Las reclamaciones relacionadas con acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva (IIC) representaron el 59,4% del total.