Madrid
La última reforma laboral aprobada en España por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, tenía como objetivo reducir la precariedad y la temporalidad en el empleo. Buscaba la transformación del mercado de trabajo y la garantía de estabilidad en el empleo. La reforma introdujo el carácter prioritario de la contratación indefinida. Se creó el denominado contrato fijo-discontinuo y desaparecieron los llamados contratos de obra y servicio determinado, utilizados en las actividades que más recurrían a la contratación temporal, como la construcción
Tras dieciocho meses desde su entrada en vigor, no parecen haberse logrado dichos objetivos. El efecto más visible en base a las cifras publicadas es la precariedad y temporalidad de los contratos indefinidos firmados a partir de ese momento. No se ha generado más empleo de calidad, simplemente el empleo disponible se divide en contratos más pequeños y se reparte de manera distinta.
Las cifras publicadas con los datos de agosto muestran un número oficial de parados de 2,7 millones de personas con una tasa de desempleo del 11,8%. Una importante mejora de la tasa de paro respecto al 13,78% con que se cerró el año 2019. Si comparamos con nuestros socios de la UE, España es, sin embargo, el último de la clase. Países normalmente bajo sospecha como Italia y Grecia presentan unas tasas del 7,6% y 10,8%. Los más aplicados de la clase como Alemania y Polonia están en el 2,9% y 2,7%. A nivel mundial, solo nos supera Suráfrica con un 32,7%.
La poca claridad de las estadísticas proporcionadas por el SEPE no ayuda a tener una foto clara del mercado de trabajo. Por un lado, el propio SEPE clasifica como no parados una categoría que denomina otros no ocupados cuya cifra se acerca a los 140.00 trabajadores. Estar no ocupado y no ser clasificado como parado requiere de una enorme flexibilidad conceptual.
Sin embargo, la gran bolsa negra de los datos se produce respecto las personas contradas como fijos discontinuos en su periodo de inactividad. El Gobierno nunca ha facilitado este dato, pero en una respuesta remitida al Senado se indica que se incluyen dentro del apartado trabajadores con relación laboral que supera las 670.000 personas y que se dobla respecto del año pasado. La suma de no ocupados e inactivos llevarían las cifras de paro ajustado al entorno de los 3,4-3,5 millones, un 30% más que la cifra oficial.
Junto a la cifra total de parados, un buen indicador de la salud del mercado laboral es revisar las cifras más recientes de contratación laboral. En agosto se han firmado 1.088.831 contratos de trabajo por 894.612 personas, lo que da una ratio de 1,22 contratos por persona dado el peso de los contratos temporales.
Los contratos indefinidos en agosto alcanzan un 38,5% del total, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo con una ratio de contratos por persona de 1,06. Lo sorprendente es que, si se firman más de 400.000 contratos indefinidos, el paro aumente por encima de las 24.000 personas y la afiliación a la seguridad social disminuya en más de 185.000 personas en agosto. En términos acumulados los contratos indefinidos a tiempo completo de los ocho primeros del año alcanzan un total de 1.861.891. En el mismo periodo según datos del Ministerio de Trabajo, el número de parados ha pasado solo de 2,8 millones en diciembre 2022 a 2,7 millones en agosto 2023. Estas cifras reflejan que la vida de los contratos indefinidos es muy breve. Los contratos se centrifugan continuamente.
Si miramos a los datos diarios de afiliación parece confirmarse esta percepción, con unas cifras de bajas muy significativas el último día de cada mes. El último día de agosto hubo unas bajas netas de afiliados de 267.000 personas. En junio el último día registro bajas de 264.000 personas y el primer día de julio hubo unas altas netas de 241.000 personas. Cifras que transmiten idea de temporalidad y no de estabilidad en el empleo.
Un tercer indicador del mercado de trabajo es la EPA. El último dato disponible a junio superó los 21 millones de personas empleadas, tras ocho trimestres interanuales de crecimiento. Durante estos dos últimos años, la cifra de ocupados se ha mantenido por encima de los 19,9 millones con que se cerró el año 2019, previo a la pandemia. El brillo del número total de ocupados palidece si lo ponemos en comparación con la producción de dichos empleados. Hay un millón más de ocupados que al cierre de 2019 para un mismo valor del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone que tenemos una menor productividad por empleado.
La asimetría entre empleo y PIB tiene efectos perversos. Más recursos y menos producción se traducen en menor capacidad competitiva de las empresas españolas y normalmente pérdida del poder adquisitivo de los salarios e incluso del trabajo a medio plazo.
Algunas de las causas del aumento de personas empleadas son poco edificantes, como el nivel histórico de absentismo laboral. Casi un millón de personas no acuden a trabajar cada día, con un 23% de ellas sin baja laboral. Otro motivo es el menor número de horas trabajadas. En el segundo trimestre de 2023 se han igualado las de 2019, pero que están muy lejos de las horas trabajadas en 2008.
El crecimiento de la economía en los dos últimos años se ha debido sobre todo al tirón del sector exterior. Con nuestros principales socios europeos hoy rozando la recesión, la producción industrial cayendo en España y una inflación subyacente que no cede, el aumento de la temporalidad y la pérdida de productividad no augura nada bueno para mejorar la estabilidad en el empleo.
España puede contar con un ingente paquete de fondos europeos. Sin embargo, no parece que contemos con la agilidad administrativa necesaria para aprovecharlos. En el debate político actual tampoco se habla de una colaboración público-privada o una política de reindustrialización conforme a las necesidades del siglo XXI que genere trabajo de valor añadido y sueldos más elevados.
