Guyana se ha convertido en uno de los países más codiciados por las grandes petroleras. Este minúsculo Estado que no producía petróleo hace unos pocos años, ahora va en camino de convertirse en el país que la mayor producción de petróleo per cápita del mundo. Sin embargo, el Gobierno de Guyana quiere que todo quede bien atado ante el riesgo que supone extraer crudo en una zona de gran riqueza natural situado en aguas del Carbie.
Guyana es un país sudamericano que se caracteriza, entre otras cosas, por ser el único en la región cuyo idioma oficial es el inglés (el Reino Unido no reconoció su independencia hasta 1966). Este país, con menos de un millón de habitantes, lleva tres años liderando el crecimiento económico mundial -tasa de crecimiento interanual-, obviamente, todo gracias al petróleo.
Después de años de exploración y perforación, el petróleo ha comenzado a brotar con fuerza de las aguas que rodean su costa. Se estima que la producción de crudo superará los 200.000 barriles al día, partiendo prácticamente desde cero hace poco más de cuatro años.
Un seguro de 2.000 millones
Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), subsidiara de ExxonMobil, ha presentado una garantía de seguro de 2.000 millones de dólares (unos 1.827 millones euros) ante la Agencia de Protección Ambiental de Guyana ante eventuales derrames de crudo, como le ordenó la Justicia guyanesa, según explica la agencia Efe.
El vicepresidente y gerente de Servicios Comerciales de EEPGL, Phillip Rietema, confirmó este jueves que cumplieron con el fallo de la Corte de Apelaciones mucho antes del fin del plazo de diez días otorgado. Rietma explicó a los medios guyaneses que se reunieron con la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y procedieron a presentar la garantía el viernes pasado.
Un día antes, el juez del Tribunal de Apelaciones, Rishi Persaud, ordenó que la empresa petrolera presentara en un plazo de 10 días la mencionada garantía de 2.000 millones de dólares para evitar que se suspendieran las operaciones en el proyecto Liza 1.
El caso comenzó en septiembre de 2022, cuando el presidente del Instituto de Transparencia de Guyana, Fredericks Collins, y el ciudadano guyanés Godfrey Whyte se dirigieron a los tribunales para lograr que la EPA implementara la cláusula de responsabilidad en el permiso emitido a ExxonMobil para sus operaciones.
El objetivo era que EEPGL asumiera la total responsabilidad financiera en caso de daño al medioambiente debido a la explosión de un pozo, derrame de petróleo u otras fallas en el Bloque Stabroek en Guyana.
Exxon, a través de su subsidiaria local EEPGL, es el operador y tiene una participación del 45% en el Bloque Stabroek. Los otros socios son CNOOC Petroleum Guyana Limited y Hess Guyana Exploration Ltd.
Liza 1 es el primer proyecto en las costas de Guyana de ExxonMobil, que comenzó a rendir a fines de 2019 una producción muy por encima del promedio de la industria petrolífera.
ExxonMobil anunció en febrero pasado que ya recuperó el dinero equivalente a la suma invertida en ese primer proyecto en alta mar en el país.
Guyana, que era uno de los países más pobres de Suramérica, está viviendo una revolución desde que se descubrieran reservas equivalentes a más de 11.000 millones de barriles de petróleo.
