La posibilidad de que la Comisión Europea prohíba las comisiones de comercialización en los fondos de inversión (las famosas retrocesiones) está encima de la mesa. En el Foro de La Liga de la Gestión Activa organizado hoy por elEconomista.es, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, ha puesto en valor el modelo de distribución actual, que ha permitido una "razonable coexistencia" de los distintos esquemas de prestación de servicios, dando lugar, sobre todo, "a la libertad de elección de los ahorradores tanto en el servicio a recibir, ya sea gestión discrecional, asesoramiento o comercialización; en los fondos a elegir en una oferta de más de 40.000 fondos y, en tercer lugar, en la forma de pago de los servicios a recibir, ya sea implícito o explícito".
"Esperamos que la próxima estrategia de inversión minorista que la Comisión Europea presentará en mayo [cuyo borrador contempla eliminar los incentivos en la venta de fondos] refuerce las ventajas de los fondos de inversión, y permita que sea el vehículo óptimo para que los inversores minoristas accedan a los mercados financieros, siempre sobre esas tres libertades de elección que no debemos perder en favor de los ahorradores", aseguró.
El presidente de Inverco describió que el inversor ha ido adaptando su perfil de riesgo gracias, en parte, a los cambios que se han producido en los modelos de negocio de las entidades a través de servicios como el asesoramiento o la gestión discrecional de carteras, que concentra más de 100.000 millones de euros. "Creo que es importante seguir perseverando en estos servicios de valor añadido y de mayor perfilación de los clientes, que sin duda cuando vienen momentos más complicados vemos como no hay esos movimientos de manadas ante caídas de mercado", ha explicado.
Aldama también reflexionó sobre la reforma de los planes de pensiones. "Han pasado tres años desde la disposición adicional 40 de la ley de presupuestos de 2020, estamos ya en 2023 y todavía no está completada la reforma financiera, pero sí una reforma fiscal que por el camino ha limitado mucho el desarrollo del sistema individual, sin conseguir el de los planes de empleo", ha indicado. "Quizás debería haberse hecho al revés, desarrollar primero los sistemas de empleo y después, en todo caso, plantearse una reforma del sistema individual", ha apuntado.
Aldama ha explicado que, el año pasado, de los 700 convenios colectivos que se negociaron en España en tan solo cuatro se incluyó una cláusula para establecer o negociar un plan de presiones. "Creo que la cifra requiere un análisis sobre lo que no se ha hecho del todo bien y que se pueda incentivar", ha señalado. "Creo que son importantes propuestas que no tienen efecto fiscal, aunque también hay otras fiscales que hemos venido planteando y que siguen siendo igualmente válidas. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el desarrollo de los sistemas de empleo va a tardar varios años en poder tomar ese vuelo de partida, se podrían haber estimulado aportaciones al sistema individual vinculadas a que una vez haya un plan de empleo en ese sector el trabajador o la gestora tenga la obligación de volcar ese dinero al sistema de empleo", ha apuntado.
Aldama también se refirió al nuevo supuesto de rescate de los planes de pensiones que se hará efectivo en 2025, por el que cualquier partícipe que tenga una antigüedad de 10 años en sus aportaciones podría retirarlas sin necesidad de que esté vinculado a un supuesto excepcional de liquidez, como desempleo o enfermedad grave. "Esto puede derivar en un cambio en las políticas de gestión de estos productos, que en previsión de tener más liquidez pueden hacer inversiones a más corto plazo en lugar de a medio y largo plazo", observó.
