Madrid
El próximo mes de marzo se cumplirán cuatro años desde que se conoció que el Gobierno no iba a defender la prórroga de la concesión de la planta de Pontevedra de Ence, recurrida por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace. La Ley de Costas indicaba que la concesión no podía exceder los 75 años, por lo que habría que desmantelar la fábrica en 2033.
El Gobierno de Rajoy amplió este pacto otros 60 años en 2013, hasta 2073, pero la Justicia lo ha frenado y, hasta el momento, el mercado ha descontado un cierre prácticamente inminente de Lourizán. Sin embargo, los recursos ante el Tribunal Supremo por parte de la compañía han sido estimados y se espera una resolución definitiva a corto plazo (se esperaba antes de final de año, aunque puede demorarse algunas semanas más).
¿Qué se juega Ence con esta decisión? Lo más básico es, mirando la evolución de la acción, que ha perdido casi un 60% de su valor desde entonces. "Hay que tener en cuenta muchos factores porque habría que ver si mantienen la inversión prevista para hacer Navia 100, con la que iban a compensar la capacidad perdida en Pontevedra", explica Virginia Pérez, de Intermoney Valores. "Siempre va a ser positivo porque añade una opcionalidad adicional, y tienen un par de años de margen para tomar esa decisión con el capex ya que las inversiones están previstas para 2024 y 2025, y entrarán en funcionamiento entre 2026 y 2027", agrega.
"La planta de Pontevedra produce unas 515.000 toneladas al año, lo que supone un 45% de la producción total y algo menos a nivel de ebitda al ser menos eficiente que Navia", apunta Pablo Fernández, analista de Renta 4. Operativamente, desmantelar la planta tendrá un coste de 74 millones correspondientes al expediente de regulación de empleo y la extinción de contratos con proveedores, para lo que la compañía ya provisionó 200 millones (aunque se esperaría una indemnización por parte del Estado para compensar las inversiones realizadas desde 2013). "En términos de valoración, podría suponer un incremento de 0,75 euros por acción pero no se recogería completamente porque la visibilidad es limitada y no se sabe lo que ocurrirá con el resto de las inversiones", explica Manuel Lorente, de Mirabaud.
Aunque obviamente todo el castigo en el parqué no puede achacarse a esta situación, hay que recordar que su materia prima, la pulpa de celulosa, sigue cotizando en zona de máximos históricos, por encima de los 1.300 dólares por tonelada. Los analistas también han ido ajustando sus valoraciones en este tiempo y, de hecho, desde 2019, la media de los precios objetivos han pasado de 8,4 a 4 euros, lo que todavía le deja más de un 40% de potencial a sus títulos.
"Creemos que sus acciones también están siendo penalizadas por el deterioro macro; al final, es un negocio muy cíclico y este año, además, ha tenido una reducción de su producción por el parón en Pontevedra", agrega Pérez. "Desde aquí, lo lógico es que el precio del papel corrija", apunta Lorente.
Una política de dividendo más generosa
La compañía tenía una política clara de dividendo de repartir la mitad del beneficio neto. Sin embargo, este curso la han flexibilizado y, gracias a una posición de caja positiva, han podido distribuir tres dividendos con una rentabilidad cercana al 10%. De cara a 2023, los analistas esperan una cierta moderación y la previsión es que distribuyan un total de 0,15 euros, que a precios actuales ofrecen una rentabilidad del 5,4%. El próximo pago se espera durante el mes de abril.
