Las retribuciones de las cúpulas del Ibex 35 han sido el tema estrella en la primera temporada de juntas post pandemia. Lejos quedan aquellos años en los que estas cuestiones pasaban de puntillas por las asambleas anuales. Ahora, es el tema que más vigilan los accionistas, y el que más controversia genera. Y los datos muestran que cada año es mayor el rechazo que reciben las remuneraciones de los altos cargos de las cotizadas españolas. Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de 'elEconomista.es'.
En la temporada de juntas de 2022, que culminó este verano, el apoyo medio a las políticas retributivas ascendió al 85,7%, de acuerdo con los datos recopilados por Georgeson para el Centro de Gobierno Corporativo de Esade. Puede parecer un porcentaje alto, pero lo cierto es que no ha dejado de menguar en los últimos cinco años (en 2018 fue del 91%), según la misma fuente.
La otra gran cuestión retributiva que se vota cada año en estas asambleas es el Informe Anual de Remuneración de los Consejeros, que recabó en 2022 un voto a favor medio del 85,5% (en 2018, fue del 88,5%).
Un buen puñado de grandes cotizadas del Ibex recibieron contundentes "noes" en el ámbito retributivo. El más impactante se lo llevó Telefónica, con un 43% de votos en contra de su Informe Anual de Remuneraciones. Desde el proxy advisor español Corporance Asesores de Voto recomendaban ese voto negativo, debido al "alto nivel de la remuneración fija [...], las elevadas aportaciones anuales a los planes de pensiones y el bonus extraordinario pagado a los consejeros ejecutivos durante el año". Siete grandes del Ibex 35 reciben en junta más de un 10% de votos en contra de sus remuneraciones.
Rechazos de doble dígito en junta
El Informe de remuneraciones de Sabadell, por su parte, recibió una oposición superior al 38%. Los proxy aglutinados en la alianza Proxinvest lamentaron la existencia de lo que se denomina paracaídas de oro, una cláusula de blindaje que se activó con la marcha del ex CEO, Jaime Guardiola, quien percibió 23,9 millones de euros, el 118% de su salario base. Otro caso llamativo es el de Iberdrola, que el 17 de junio cosechó un rechazo histórico, del 24,3%, a su Informe Anual de Remuneraciones (en 2017, la oposición fue del 3,3%).
Aunque estas votaciones son, en la inmensa mayoría de los casos, consultivas, el resultado que arrojan suele ser tenido en cuenta por las empresas. Lo explica Juan Prieto, fundador de Corporance: "La ley establece que si el rechazo supera el 50% la empresa debe presentar un nuevo plan", señala, y añade que "un rechazo del 10% ya es una advertencia; y a partir del 15% y, sobre todo, del 20%, se considera que la compañía debe o bien presentar un nuevo plan, o modificarlo". Lea también: Quién hace 'lobby' para quién en ESG.
En este sentido, desde Georgeson advierten que los inversores están muy atentos a si la compañía tiene en cuenta o no sus votos en contra. "Compañías que obtuvieron en 2021 una disidencia elevada y se han esforzado por dar respuesta al mercado, ejecutando planes de acción coherentes, con medidas tangibles y haciendo un disclosure adecuado, han obtenido el apoyo de los inversores en esta junta de 2022". Es el caso de Amadeus: en la asamblea de 2021, las retribuciones de sus consejeros recibieron un "no" superior al 61%, y en la de 2022 logró sacarlas adelante con un voto a favor del 91% tras modificar sus políticas (eliminó el derecho a utilizar la discrecionalidad en lo que respecta a la retribución del consejo, es decir, la facultad de decidir libremente subidas en las remuneraciones).
Los inversores son muy sensibles a la falta de alineación entre los variables que perciben los consejeros ejecutivos y el comportamiento del valor
En 2022, el mayor escrutinio se ha centrado en aspectos que ya se vienen observando desde hace años. Entre estas cuestiones recurrentes están las penalizaciones por una falta de alineación en el pay for performance (retribución por desempeño, o por rendimiento); la falta de divulgación clara de las métricas de los incentivos, o los pagos por terminación de contratos, considerados, en muchos casos, excesivos.
Los inversores también son muy sensibles a la falta de alineación entre los variables que perciben los consejeros ejecutivos y el comportamiento del valor en bolsa. Esto se debe a que, en ocasiones, dichos bonus se reparten precisamente en periodos en los que el precio de la acción se ha desplomado, o en los que la compañía no ha podido hacer frente al pago de dividendos.
Más allá de estas cuestiones ya habituales, según Claudia Morante, responsable de Gobierno Corporativo de Georgeson, en la temporada de 2022 también han aflorado "asuntos más novedosos". El primero de ellos, "la falta de inclusión, o de asignación de un peso razonable, de las métricas ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno) en los incentivos anuales y en los plurianuales", explica.
