La transición hacia una economía baja en emisiones de carbono tendrá efectos negativos en algunos negocios, y el Banco de España pide a las entidades que midan adecuadamente ese riesgo. Lo ha explicado esta mañana Margarita Delgado, subgobernadora del organismo, quien ha clausurado las Jornadas virtuales sobre Finanzas Sostenibles organizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"Nuestras atribuciones como supervisor micro y macro prudencial nos exigen poder valorar los riesgos que acarrea la transición hacia una economía más sostenible", ha señalado Delgado. "Las medidas trasformadoras para cambiar nuestro modelo productivo (…) darán lugar oportunidades, pero no podemos ocultar que estas transformaciones impactarán negativamente en el modelo de negocio de determinados sectores". Y no debe sorprender "que los supervisores requiramos que las entidades midan, incorporen en su gestión" dichos riesgos. El proceso de transición ecológica, ha aclarado, acarrea dos tipos de riesgos: los físicos (provocados por los efectos directos del cambio climático, como las catástrofes naturales), y los de transición, referidos al efecto que puedan tener los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de la clientela o las medidas regulatorias.
La medición de esos riesgos, ha explicado Delgado, presenta retos significativos; por ejemplo, "el dilatado horizonte temporal en que se observan efectos de riesgo físico es muy superior al que se utiliza en la medición de riesgos clásicos bancarios". También falta información para evaluar "las empresas que puedan verse más perjudicadas por la transición".
La subgobernadora de la institución ha lanzado una clara advertencia a las entidades: "El riesgo de transición debería estar ya siendo contemplado por el sector bancario. No debemos olvidar que el análisis del entorno empresarial es parte esencial de la gestión de riesgos que deben llevar a cabo. Esto no es un cambio súbito; la transición a una economía descarbonizada está anunciada y publicada".
El organismo está desarrollando una metodología propia para medir el impacto de dicha transición
En este sentido, Margarita Delgado ha señalado que tanto el Mecanismo Único de supervisión como el Banco de España tienen previsto publicar en breve una serie de expectativas relativas a la adecuada medición y gestión de esos riesgos en el sector.
Para ello, debemos "evaluar las exposiciones de las instituciones financieras a las actividades con altas emisiones de carbono, realizar ejercicios de estrés par el sistema en su conjunto o definir escenarios y metodologías q sirvan de guía a las entidades". Para poder analizar los riesgos asociados al cambio climático, ha añadido, "estamos desarrollando una metodología propia, a partir de las pruebas de resistencia que realizamos todos años al sistema bancario español". La entidad ya está llevando a cabo un programa piloto de recogida de datos en colaboración con las principales entidades de crédito. "El problema es la ausencia de una información fiable", ha destacado Delgado, que ha añadido que "sin información es imposible seguir avanzando".
Inversor en bonos verdes
También ha mencionado la subgobernandora del Banco de España el papel del organismo como gestor de carteras. "Los bancos centrales somo inversores significativos en el mercado de deuda tanto en el ámbito de la política monetaria como en la gestión de reservas. Hemos incorporado los criterios de sostenibilidad a la política de inversión de la cartera de reserva, y estamos incrementando progresivamente nuestra cartera propia de bonos verdes. También se está en proceso de incorporar el factor medioambiental en las calificaciones internas para la evaluación de la elegibilidad del colateral de las entidades", iniciativas impulsadas desde el Banco Central Europeo.
La ley de cambio climático y transición energética, que se encuentra en trámite de aprobación parlamentaria, prevé se precisará un volumen de inversiones ingente para acometer con éxito la transición energética, en el entorno de unos 200.000 millones de euros a lo largo de la próxima década, ha enfatizado Delgado.
Supervisar a las agencias ASG
La necesidad de que la información sobre aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) sea fiable ha acaparado el protagonismo. Stephen Hynes, policy officer del departamento de Supervisión de Esma (European Securities and Markets Authority, Autoridad Europea de Valores y Mercados), ha señalado que existe "una falta de definiciones comunes" que hace imposible "comparar ratings de diferentes proveedores" de calificaciones crediticias sostenibles. También falta, recalcó "transparencia" en relación con la metodología que utiliza cada una de estas agencias para elaborar sus ratings. Por ello, ESMA considera que "sería apropiado para los inversores que existiese un marco regulatorio específico y unos estándares mínimos para los ratings ASG"; se trataría de asegurar "la supervisión de las agencias de rating sostenible", lo que permitiría que el inversor contase con "algunas mínimas salvaguardas" y permitiría "una mayor consistencia" en lo que están midiendo estas entidades, "y una mayor transparencia en cómo lo miden", ha enfatizado Hynes.
