La inversión en base a criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) crece de forma imparable, pero, a pesar de todo, sigue siendo residual en España. Solo el 2,76% del patrimonio en fondos corresponde a productos sostenibles, según ha explicado esta mañana Jorge Medina, técnico del departamento de supervisión de gestoras de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la Jornada sobre Finanzas Sostenibles que ha organizado el regulador de forma virtual este miércoles (y que tendrá su continuación mañana jueves).
En número de fondos, solo el 3,4% de los productos sigue criterios ASG, un dato que contrasta con el de países como Suecia, donde el porcentaje alcanza el 48%. Por otro lado, solo el 17% de los fondos indican en su folleto un índice sostenible como referencia.
Los cambios regulatorios y la necesidad de estandarizar la forma en que las compañías informan de sus datos extrafinancieros (lo que se conoce como estados no financieros) también ha tenido protagonismo en la jornada. La vicepresidenta de la CNMV, Ana Martínez-Pina, ha explicado que el organismo colabora con las organizaciones supranacionales ESMA (European Securities and Markets Authority, o Autoridad Europea de Valores y Mercados) e IOSCO (la International Organization of Securities Commissions, que es la entidad que agrupa a todos los supervisores nacionales) para afrontar los retos que plantean las finanzas sostenibles. Martínez-Pina ha señalado que IOSCO ha creado un comité para abordar diferentes cuestiones, uno de los cuales preside la CNMV. Este grupo está trabajando en "impulsar unas normas únicas que permitan que la información que proporcionan las sociedades sea comparable y homogénea", ha explicado, para lo que están en contacto con diferentes emisores de estándares.
El regulador se plantea si se podría crear un modelo de 'reporting' no financiero para pymes; hoy es obligatorio solo para las grandes empresas
España incorporó la Directiva europea de Información no Financiera en diciembre de 2018. Esta norma obliga a divulgar la información medioambiental, social y de aspectos de buen gobierno. Pero actualmente la información no financiera solo es exigible a empresas de más de 500 empleados, o de interés público (como son las cotizadas); no aplica a medianas y pequeñas empresas aunque puedan estar especializadas en sostenibilidad.
En opinión de Paloma Cachón, técnico de la CNMV, esto puede llevar "a que el universo inversor se reduzca a las empresas cotizadas y esto, a su vez, crear una alta correlación entre la cartera de inversiones de un fondo sostenible, y de uno ordinario", lo cual daría lugar "a una apariencia de greenwashing [utilización de la etiqueta de verde con fines de mero marketing]". En este sentido, Cachón ha añadido "se plantea la posibilidad de que pudiera aplicarse un modelo de reporting simplificado para empresas no sujetas a la directiva de Información No Financiera".