El organismo español encargado de vigilar y supervisar los mercados financieros sigue incrementando su actividad. Lo hizo con especial intensidad en 2019, según el informe anual que ha hecho público este miércoles. Una de las numerosas cifras en las que se observa es en la de advertencias sobre entidades no autorizadas para operar en los mercados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó 323 advertencias propias, cinco veces las de 2018, "lo que supera el número de advertencias emitidas, a nivel individual, por cualquier otro organismo supervisor de países de nuestro entorno", señala el documento.
A esos avisos se unen 808 comunicaciones procedentes de otros supervisores de la UE, con lo que en total en 2019 se difundieron 1.131 advertencias sobre entidades no registradas, un 82% más que en 2018.
El aumento de actividad también se ve en los más de 165 millones de registros que recibió de operaciones ejecutadas sobre instrumentos financieros, un 50% más que en el año anterior. Hizo hincapié, además, en la calidad de los datos y la corrección de las incidencias detectadas, con 153 requerimientos y 175 informes.
Los propias entidades que prestan servicios de inversión y los mercados fueron, al mismo tiempo, más activos, ya que, en su obligación de remitir todo lo que pueda infringir el régimen de abuso de mercado al supervisor, dieron 345 avisos sobre operaciones sospechosas en 2019, un 49% más que en 2018. Durante el año, se presentaron 1.077 escritos susceptibles de dar lugar a la apertura de un expediente de reclamación, lo que supone un aumento del 5,8% respecto a 2018. El documento recoge también la actividad del segundo año de funcionamiento del canal de denuncias de posibles infracciones relacionadas con las normas de los mercados caracterizado por su confidencialidad (Whistleblowing), por el que se recibieron 638 comunicaciones y 464 comunicaciones de posibles infracciones.
Su actividad sancionadora siguió la misma tendencia al alza. Abrió 18 nuevos expedientes sancionadores, con propuestas de multas por importe de 9,3 millones de euros (5,01 millones en 2018). También se cerraron 17 expedientes iniciados en ejercicios anteriores. Se impusieron 39 multas por un importe conjunto cercano a 4 millones de euros.
Como resultado de sus investigaciones, la Unidad de Vigilancia de los Mercados (UVM), centrada en prácticas contrarias a la integridad del mercado, realizó cuatro expedientes sancionadores a una empresa de servicios de inversión y otros dos a un agente y a una persona física.
Por otro lado, las entidades están obligadas ahora a desglosar la información no financiera y, en este sentido, el supervisor admite que ha observado una cierta mejoría en la calidad de su información. Aunque recuerda que "la identificación de los marcos de referencia utilizados y su alcance debería ser más precisa". Además, cree que se debería facilitar el método de cálculo para obtener determinados datos incluidos en el informe como son, entre otros: las remuneraciones medias, su evolución por sexo, edad y clasificación profesional y la brecha salarial".
En relación al gobierno corporativo, el informe destaca que las sociedades cotizadas cumplieron, de media, el 85,7 % de las recomendaciones del nuevo código (en 2017 el grado de seguimiento fue del 84,68%). En concreto, las sociedades del Ibex cumplieron el 90,3 % del Código de Buen Gobierno.
Vigilancia en la comercialización
El supervisor de los mercados realizó el año pasado una revisión de la operativa online de una muestra de 8 entidades que aglutinaban el 54% de las operaciones cursadas por Internet en 2018. "Se comprobó que algunas entidades no cuentan con controles efectivos que eviten la existencia de incoherencias en la cumplimentación del cuestionario de evaluación de la conveniencia", apunta la CNMV. Incluso, "algunas entidades no exigían la firma de la orden de compra antes de su envío", puntualiza, "lo que se considera necesario".
Y, en concreto, también analizó, en el caso de la distribución de fondos fuera de los ámbitos de la gestión o el asesoramiento, los buscadores y comparadores de instituciones de inversión colectiva (IIC) alojados en las páginas web. En relación con el requisito de facilitar el acceso a una amplia gama de instrumentos que incluya un número apropiado de productos de terceras partes no vinculadas, "todas las entidades revisadas daban acceso a través de sus buscadores al menos a un 25 % de fondos de terceros sobre el total de fondos ofrecidos", detalla el regulador.
Su vigilancia más amplia sobre la comercialización de productos ha continuado también sobre entidades europeas que prestan aquí servicios. En el registro de la CNMV figuran inscritas aproximadamente 3.500 entidades de la UE habilitadas para actuar en España frente a las apenas 200 empresas de servicios de inversión españolas existentes. El supervisor incide en que algunas entidades incitan a clientes minoristas a solicitar el tratamiento como clientes profesionales, "toda vez que a estos últimos no les resultan de aplicación las restricciones a la comercialización de CFD". Y vuelve a cargar contra la publicidad indiscriminada de estos productos, algo que quiere regular durante este 2020 según mantiene en su plan de actividades de este año.
Fomento de las salidas a bolsa
La reducción de salidas a bolsa es un hecho, incluso antes de la llegada de la pandemia y sus consecuencias para los mercados financieros, pero es un fenómeno que se repite en Europa. Entre las principales causas, la CNMV pone sobre la mesa el papel que está tomando el capital riesgo. Pero también se aprecia una reducción en el caso de las opas, ya que en 2019 solo se autorizaron 7 operaciones en España.
Desde el supervisor apuntan a diferentes opciones que podrían fomentar las estrenos en bolsa: aligerar algo más ciertos requisitos y algunas obligaciones; apoyar fórmulas de entrada en el mercado más simples como los listings directos; no aplicar en ningún caso solo a las sociedades cotizadas deberes de información o de otro tipo; ampliar el menú de opciones a disposición de las empresas interesadas, con figuras como las acciones de lealtad; extender en ciertos aspectos el régimen societario propio de las sociedades del primer mercado a las pequeñas y medianas empresas que se decidan a cotizar; corregir el sesgo que hay en la normativa fiscal a favor de la deuda frente a la financiación con capital, etc.
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