Madrid
La CNMV ha decidido poner límites al libre albedrío de las firmas de inversión y asesoramiento a la hora de informar sobre los costes de los productos y servicios contratados. A partir de ahora tendrán como máximo hasta el 31 de marzo posterior al año natural sobre el que se realiza el balance, limitando de esta manera al primer trimestre el período en que los inversores deben recibir la información sobre lo que pagan.
El año pasado, el primero en que las firmas aplicaron de forma efectiva esta obligación que impone Mifid II, fueron muy pocas las que lo cumplieron. Muchas, entre ellas varias entidades financieras, fueron postergando este requerimiento en el tiempo. El motivo no fue otro que los malos resultados de rentabilidad que ofrecieron a sus clientes en 2018, año en que todos los activos financieros cerraron con pérdidas.
Retratarse por primera vez con el coste de las inversiones con números rojos de revalorización se antojaba un ejercicio demasiado complicado para un mercado como el español, en el que los inversores no están acostumbrados a conocer el detalle de lo que pagan.
De ahí que el organismo presidido por Sebastián Albella haya impuesto el primer trimestre como tope para que las firmas faciliten esta información. Esma, la autoridad europea en materia de mercados, no especificaba una fecha concreta, solo mencionaba que fuera lo antes posible, lo que supuso un coladero para las firmas en España.
Retraso en España
También es cierto que la transposición de Mifid II al mercado español se terminó de completar en el último momento, concretamente a finales de diciembre de 2018, y para evitar las sanciones. La derrota de Mariano Rajoy en la moción de censura de mayo provocó la formación de un nuevo gobierno por Pedro Sánchez, que se encontró como tareas pendientes completar la incorporación de la directiva europea. Las firmas tuvieron que actuar en determinados asuntos sin saber claramente cuál sería el criterio que se aplicaría, aunque desde el supervisor siempre se alegó que debían respetar el espíritu de la norma.
Esta laguna en determinados aspectos fue aprovechado por algunas firmas de inversión para retrasar el envío de información de costes, algo que ahora la CNMV ha zanjado.
Clases limpias
No ha sido el único punto que ha querido aclarar el organismo supervisor. Otro de los puntos sobre los que ha puesto énfasis ha sido el referido a las clases limpias, que son aquellas que no conllevan retrocesión (donde una parte de la comisión de gestión se detrae para el distribuidor), que en teoría deberían ser las preferentes para los inversores de asesoramiento independiente.
Pero la falta de un modelo estándar en las clases europeas de fondos de inversión y la dificultad que en ocasiones encontraban los asesores y selectores para escoger la clase más adecuada ha llevado a la CNMV a puntualizar que se puede recomendar otra clase si ofrece mejores condiciones para los inversores, teniendo en cuenta las retrocesiones y sus efectos fiscales.
Además, las entidades financieras que estén comercializando una clase específica de un fondo deberán informar de la existencia de una clase más ventajosa a la que podría acceder en España. Y en el caso de que ofrezca esta clase más beneficiosa a un cliente determinado, deberá informar también a los demás, explicando los incentivos que conllevaría. Una obligación que no va a dejar de ser una mera formalidad en un país como España, donde la banca domina la distribución de fondos y la mayoría de partícipes desconoce el funcionamiento de este producto de inversión.
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