Falta una semana para que acabe 2018, el año en el que la industria de la gestión de activos ha sufrido una auténtica transformación con la entrada en vigor de Mifid II. Y eso a pesar de que en España aún no está traspuesta la normativa en su conjunto. Eso sí, queda poco, muy poco, para que esta situación cambie ya que según confirman fuentes de Economía, la aprobación del Real Decreto que falta para su desarrollo parlamentario se hará antes de que acabe el año. Esto es este viernes o, como tarde, el próximo, ya que estos son los dos únicos Consejos de Ministros que quedan pendientes antes de que demos la bienvenida a 2019.
Con este Real Decreto se pondrá el punto y final a la trasposición en España de la Directiva europea, que llega con un año de retraso. Además, la industria lo espera con ansia ya que será en ese texto reglamentario cuando se conteste a una de las grandes dudas del sector: los casos y supuestos en los que las entidades financieras podrán seguir cobrando retrocesiones (comisiones que las gestoras dan a los distribuidores por vender sus productos). Y parece que Economía ha optado por no ceder a las peticiones de la banca de flexibilizar los requistos que de forma general impone Mifid. Más bien, ha hecho todo lo contrario.
Definiendo "amplia gama"
A la negativa de incluir como servicio de valor añadido el tener una oficina bancaria, una de las primeras demandas del sector, se une ahora la especificidad que impone el Ministerio a la hora de definir qué se considera "amplia gama" en productos de terceros. "El tema de qué se considera acceso a producto de terceros es lo que deberemos ver en el reglamento. En su día se habló de un 25% de la cartera pero veremos si eso se refleja ya que ningún país ha sido tan específico con la definición de amplia gama", apuntaba Miguel Sánchez Monjo, de Cuatrecasas, en unas recientes jornadas sobre Mifid organizadas por Aseafi. "No entendemos que se impongan límites mayores a los bancos españoles frente a sus competidores europeos", afirman desde la AEB.
Pues bien, según fuentes del sector financiero, el texto final no solo incluirá ese 25% que como mínimo deben ofrecer de productos de terceros las entidades financieras para seguir cobrando retrocesiones cuando solo comercializan producto sino que además ese 25% no será sobre su oferta global sino que en fondos se aplicará por cada categoría. Es decir, si una entidad ofrece cuatro fondos de renta fija, uno de ellos tiene que estar gestionado por una gestora diferente a la de su entidad.
La decisión seguro que no deja satisfecho a un sector que siempre se ha quejado de que "se obligue a los bancos a vender productos de su competencia, ya que es como pedirle a Toyota que venda coches de Seat en sus concensionarios", afirman fuentes financieras. Aunque lo cierto es que esa obligación solo es para aquellos bancos que ofrezcan un servicio de pura comercialización ya que en el caso de que se decanten por un modelo de asesoramiento no independiente la opción de ofrecer fondos de terceros es solo uno de los supuestos que les permitirán seguir cobrando retrocesiones pero hay más que se incluiyen dentro del concepto de "ofrecer valor añadido".
En todo caso, sea cual sea el modelo que ofrezca cada entidad -la mayoría de ellas se ha decantado por ofrecer tanto pura comecialización como asesoramiento no independiente y gestión de carteras y algunas empiezan a lanzar servicios de asesoramiento independiente para sus clientes de grandes patrimonios- lo que está claro es que los inversores tendrán en 2019 mucha más información de lo que pagan por sus fondos ya que conocerán todas las comisiones de una manera desglosada y en euros. Una buena noticia que, sin embargo, llegará en el peor contexto de mercado al que se ha enfrentado la industria en mucho tiempo ya que serán pocos los que vean que han pagado comisiones por rentabilidades positivas. "El momento de mercado no va a ayudar cuando tienes que enseñar todos los costes, pero la transparencia es así. Las entidades tienen que educar al inversor para que no vean las inversiones a corto plazo", afirma Sergio Míguez desde EFPA.
