Walt Disney ha presentado una demanda contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alegando que está tomando represalias ilegales contra la compañía por ejercer su libertad de expresión para criticar el programa político del Gobierno estatal. DeSantis ha decidido responder a esas críticas con decisiones destinadas a perjudicar a la firma de entretenimiento, especialmente contra el parque Disney World, en Orlando, lo que podría costarle miles de millones de dólares en negocio a la compañía.
La demanda alega que el gobernador ha puesto en marcha "una campaña organizada de represalias estatales, orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por las libres opiniones de Disney, y que amenaza las operaciones comerciales de la firma, pone en peligro su futuro económico en la región y viola sus derechos constitucionales".
Desde hace un año, el gigante del entretenimiento que dirige Bob Iger y el Gobierno estatal del republicano DeSantis están enzarzados en una batalla política y financiera. Disney tenía oficialmente un 'reino corporativo' en Orlando, un estatus de autogobierno que obtuvo en 1965, cuando compró los terrenos de Reedy Creek para construir su segundo parque de atracciones. Disney adquirió estos terrenos por solo 5 millones de dólares y solicitó a Florida que le concediera en los mismos un estatus especial.
Pero DeSantis amenazó con quitar a Disney todas estas facilidades por el rechazo público de la firma a la llamada ley "Prohibido decir gay", que restringe la educación sobre homosexualidad y asuntos de género, así como las enseñanzas sobre el racismo histórico en EEUU, en las escuelas, institutos y universidades de Florida. Y el pasado 27 de febrero, el Parlamento estatal derogó todas esos beneficios. Disney aprovechó para colar un último golpe, firmando con los administradores salientes de Reedy Creek un acuerdo que mantendría parte de esos privilegios hasta la muerte del último de los nietos del rey Carlos III de Inglaterra, pero deSantis ha solicitado cancelar ese contrato.
La compañía dijo que la amenaza de DeSantis de "anular" ese contrato "fue una represalia, evidentemente antiempresarial y evidentemente inconstitucional". El gobernador también ha amenazado con construir una cárcel al lado de Disney World, como represalia por lo que considera "discurso izquierdista" de la compañía.