Prada achaca a González el expediente para adjudicar obras del Campus de Justicia

Madrid, 19 ene (EFE).- El exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada ha dicho que el entonces vicepresidente Ignacio González fue quien elevó al Consejo de Gobierno el expediente para la adjudicación de las obras del Campus de la Justicia, en la que su "interés era menos diez" y su capacidad política "cero".

Según Prada, que integró el Gobierno regional en 2003-2008 y bajo cuyo mandato empezaron las obras, el informe técnico por el que se adjudicó el principal contrato de construcción fue elevado en su día al Gobierno por González, ya que él no estuvo presente en aquel consejo, ha dicho hoy ante la Comisión de estudio de la deuda en la Asamblea de Madrid.

El exconsejero ha aludido así a la adjudicación de la obra de más presupuesto del proyecto Ciudad de la Justicia, que se adjudicó a la constructora Begar, actualmente investigada en la trama Gürtel, ante la Comisión que investiga el quebranto patrimonial de más de 105 millones de euros que ha supuesto para los madrileños el fallido proyecto de unificar 29 sedes judiciales.

Prada ha defendido su gestión "bajo el mando de un Gobierno" que tomaba las decisiones y que todo se hizo con "total transparencia", ya que "ninguna auditoría pública ni privada detectó irregularidades", aunque que se han podido cometer errores "desde la buena fe y desde la legalidad".

Ha calificado de "decisión política" la fórmula para llevar a cabo el proyecto, creando una sociedad mercantil anónima de capital público, y ha dicho que había un consenso absoluto de todas las instancias judiciales, desde el Tribunal Supremo y el TSJ, así como grupos políticos y sindicatos, apoyaban el proyecto para acabar con "aquel caos" de sedes judiciales.

La decisión de hacer edificios circulares, tras un concurso internacional de ideas y pese a que elevaba los costes, se adoptó en Consejo de Gobierno con el fin de "darle valor arquitectónico", en el año 2005, "no fruto del capricho sino porque se entendió que la Justicia tiene que tener un valor de solemnidad", de ahí la idea de una arquitectura excepcional que incluso fuera objeto de "visitas turísticas".

Para ello se iba a subastar inmuebles públicos, como el edificio de la calle Hernani, valorado en 18 millones y que se vendió en 42 millones al Consorcio de Compensación de Seguros dirigido entonces por un responsable del PSOE, ha dicho.

Ha reconocido que el acuerdo de liquidación de la sociedad, que debía hacerse en 2008-2009 se retrasó hasta 2015, lo que ha podido contribuir al quebranto patrimonial, según Prada.

La primera piedra costó "cero euros del erario público", ya que las adjudicatarias aportaban 1,5% del contrato en la promoción del proyecto por el mundo, porque había interés a nivel internacional y "había que vender esta hipotética torre de Plaza Castilla", en los terrenos de los juzgados cuya recalificación aceptaba el Ayuntamiento, y había que "hacer marketing y publicidad".

Según Prada, "no había dinero de caja", todos los gastos estaban acreditados y documentados, y en su etapa se presentaron las cuentas cada tres meses a la Consejería de Hacienda, una vez al año por auditoría privada y por la Intervención General de la Comunidad, además de aprobarlas el Consejo de Gobierno.

Tras su cese, le sustituyó el consejero Francisco Granados, que encargó una auditoría a KPMG, en la que "nunca hubo la más mínima tacha de irregularidad o advertencia de que no se estuvieran haciendo las cosas bien".

Para el PSOE, la adjudicación a Norman Foster de un edificio sin concurso es "un escándalo de proporciones cósmicas", según Mercedes Gallizo que acusó a Prada de firmar el contrato "sin mediar concurso por importe de más de 10 millones de los que solo quedan maquetas", y además "no se pagaba IVA en las facturas, devengando mes a mes pese a que no estaban haciendo nada".

Ha defendido las contrataciones de personal que se hacía por concurso, entre ellas la de Isabelino Baños como director ejecutivo, que firmaba los informes técnicos y que se ha negado a comparecer hasta ahora ante la comisión.

Por su parte, el grupo de Podemos ha recalcado que Baños antes trabajaba para la filial española de Bovis, empresa australiana que se adjudicó el contrato de desarrollo urbanístico, y que luego volvió a esta empresa en un caso de "puertas giratorias", según el diputado Eduardo Gutiérrez.

Ciudadanos ha denunciado "retiradas en efectivo" casi a diario de las cuentas bancarias de la sociedad de hasta 5.300 euros y ha preguntado "por qué pagaban facturas en efectivo", según Susana Solís, que ha criticado gastos en viajes a Londres, Milán, Nueva York o Singapur, con alquileres de coche con conductor por importe de 1.200 euros al día en hoteles de cinco estrellas.

Solís también ha criticado sueldos de 73.000 euros más pluses de productividad pagados a personas "con muy poca experiencia para gestionar los 500 millones de euros" que suponía el proyecto global, del que solo hay edificado el edificio del Anatómico Forense y un gran túnel subterráneo, ha dicho. no había dinero en caja, se ven muchas retiradas en efectivo, por qué paga en efectivo, cifras de hasta 5.000 euros, diferentes retiradas en bancos para pagos de factura, cómo la administración paga en efectivo, londres milan ny singapur, coche con conductor 1200 euros dia hoteles cinco estrellas,

personal, 73.000 director financiero, 30.000 euros de plus productividad, sueldos bastante altos, 11 directores, gente con muy poca experiencia para gestionar 500 millones del proyecto.

Prada ha restado importancia a la desaparición de ordenadores que supuestamente contenían información, y ha recordado que él mismo fue víctima de un seguimiento por funcionarios de la Comunidad en 2008, un asunto que "está abierto se ha archivado tres veces y la Audiencia Provincial ha reabierto tres veces".

Este seguimiento, cuya apertura de juicio oral está próxima, sin embargo "no tiene nada que ver con el Campus de la Justicia ni con ninguna malversación de fondos", ha dicho en esta comparecencia, que según los grupos de la oposición no ha servido para aclarar las dudas sobre el despilfarro y las supuestas irregularidades en las contrataciones.