Los inspectores de Hacienda trabajan estos días en la elaboración de un libro blanco sobre la reforma fiscal que consideran absoluta y urgentemente necesaria. Así, en su borrador, reivindican una fiscalidad al servicio de los principios de suficiencia para garantizar la recaudación y el Estado de Bienestar. Según Ramsés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), esta reforma debe ser "equitativa para garantizar una correcta distribución de la renta y que cada uno pague lo justo en función de su capacidad económica. Debe, además, favorecer el empleo y el crecimiento económico".
Un nuevo estatuto jurídico
Entienden que es clave mejorar la Agencia Tributaria y dotarla del estatuto jurídico que el ministro Montoro ha propuesto para garantizar la profesionalidad de la institución, su independencia y financiación. Están dispuestos a hacer propuestas. Denuncian que han disminuido los medios, presupuestarios, humanos y materiales, en la lucha contra el fraude fiscal, lo que es preciso revertir, ya que lo que unos dejan de pagar lo tiene que poner el resto de los contribuyentes, lo que es muy injusto.
Denuncian que no hay suficientes inspectores en España para combatir un fraude que supera el 20 por ciento del PIB y añade que la cuestión no es subir o bajar impuestos, sino si se está dispuesto a luchar de forma decidida contra el fraude. En este sentido, mientras que en España hay un funcionario de Hacienda por cada 1.928 habitantes, una cifra muy superior a la de Reino Unido (uno por cada 862 habitantes), Francia (860) y Alemania (729), países con un fraude fiscal que es casi la mitad que el de España. También defienden que se amplíen los plazos de duración de los procedimientos tributarios y especialmente los relativos a las grandes empresas y contribuyentes que hacen operaciones internacionales y en las que hay que pedir información al extranjero.
También, apuntan la necesidad de que la próxima reforma del Estatuto del organismo dirigido por Santiago Menéndez, promocione un sistema de concurso por méritos que rebaje la "excesiva discrecionalidad en la selección de candidatos" y tienda "a un mayor rigor". En la actualidad, en torno a la mitad de los 1.600 inspectores de Hacienda que hay en España, ocupan cargos de libre designación.
Asimismo, la asociación ha reclamado una mayor estabilidad de los puestos directivos ya que "para el adecuado funcionamiento de la Agencia Tributaria se necesita una mayor estabilidad". Desde mediados de 2010, destaca, el organismo ha tenido cinco directores generales con sus correspondientes cambios en los altos cargos.
Tienen la seguridad de que el problema de España está en los ingresos y no en el gasto. Así, aunque toda Europa está en crisis económica, sólo es necesario fijarse en que los ingresos en España han registrado unas estruendosas bajadas en la recaudación mientras que en muchos de los Estados miembros no lo ha hecho o ha sido ínfima, incluso de una sola décima.
Los inspectores de Hacienda abogan por que se publique una lista de defraudadores y morosos y considera que el temor a verse sometido al "oprobio público" será un incentivo para declarar correctamente. Defienden un plan especial de inspección para los políticos, máxime cuando han aumentado dramáticamente los casos de corrupción y crecido el clima de alarma social.
Para Pérez Bogas, el sistema tributario actual es "como una manguera plagada de agujeros por los que se pierde recaudación, fruto del fraude fiscal, de la elusión y de beneficios fiscales que ahora no tienen justificación. En los últimos ejercicios se abrió más el grifo, subiendo impuestos, pero sigue sin llegar agua por los muchos agujeros que tiene. Parchear no es la solución, lo importante es cambiar la manguera".
Fuga de capitales en España
La fuga de capitales es un problema añadido: en 2011 salieron de España nada menos que 73.000 millones de euros, una cifra que fue peor en 2012, con 180.000 millones de euros expatriados. Los paraísos fiscales o la enorme bolsa de economía sumergida, situada en torno al 20 por ciento del PIB, se suman a la lista de indicadores que alertan sobre los problemas del sistema fiscal tal y como está diseñado.
Observan que este aumento del fraude no se puede desligar, en opinión de IHE, de dos factores claves: la reducción de medios de control y la caída de la conciencia fiscal de los españoles, según el último barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda (IEF), casi la mitad de los españoles justifica abiertamente el fraude fiscal.
Existe en el colectivo el convencimiento de que en circunstancias como las actuales y en materia de ingresos, sólo existen dos vías: intentar que el sistema sea más eficiente, o subir impuestos. En este sentido, aprecian que tenemos un sistema tributario agotado y estiman que si se confía en los pronósticos del Gobierno de que la situación se puede empezar a recuperar, es preciso asegurar que el arreglo de las estructuras obsoletas sea un gran objetivo que no se pierda por la recuperación.
A pesar del cada vez mayor vacío de las arcas públicas, los impuestos en España no son bajos. En IRPF el país se encuentra en cuarto lugar a nivel europeo en cuanto al tipo marginal. En cuanto al IVA, en los últimos ejercicios se ha sufrido la mayor subida del mundo y estamos por encima de la media europea. En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, España se encuentra en octavo lugar, con un tipo marginal elevado aunque con incentivos que también son elevados y que se reparten de forma desigual y perjudican especialmente a las pymes frente a las grandes empresas. Este mapa deja como balance algunas cifras nada alentadoras: como el montante correspondiente a derechos pendientes de cobro por parte de Hacienda, que en los últimos años resulta alarmante. El incremento del fraude fiscal es una de las cuestiones clave en el derrumbamiento de los ingresos fiscales. No sólo estamos hablando de la parte de la economía que se ha sumergido con la crisis económica, sino también de empresas y particulares que no pagan todos los impuestos que les corresponden.
Deducciones y regímenes privilegiados
Los inspectores reflexionan que es urgente que el Gobierno reforme el sistema tributario y elimine deducciones y regímenes privilegiados y que eleve los impuestos "en la parte que funciona del sistema, es decir, en las rentas del trabajo y en los Impuestos Especiales". No se puede esperar un aumento de la recaudación a corto o medio plazo, sin medidas que alivien los problemas.
Entre las propuestas destacan la eliminación de regímenes privilegiados de tributación, supresión de beneficios fiscales y simplificación impositiva. Creen necesaria una profunda reforma de regímenes como el de módulos, que son un nido de facturas falsas. Cada vez aparecen más facturas falsas y, además, los módulos no cumplen los principios constitucionales de capacidad económica de los contribuyentes. Se proponen profundizar en el camino abierto por la ley antifraude, potenciar la lucha contra la economía sumergida, regular cláusulas antifraude para frenar la sangría de las multinacionales y, entre otras cosas, acabar con los paraísos fiscales.
Entre las propuestas de la IHE destacan, por ejemplo, acabar con el secreto bancario, actuar penalmente contra los empleados que inciten al fraude -algo que ya existe en otros países y que en España ya es posible-, o lograr que el intercambio de información tributaria para prevenir el fraude sea automático, no bilateral, en línea con las recomendaciones y esfuerzos de la OCDE. La lista de morosos es otra de las iniciativas importantes que, de momento, están en el tintero. Potenciar las denuncias, el uso de confidentes, comprar datos tributarios y actuaciones de incógnito. En IHE piensan que hay muchas medidas imaginativas que no se aplican en España y que han dado resultados magníficos en otros países. Medidas que pretenden acabar con la falta de pago de algunos privilegiados.
Las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre impuestos evidencian que por encima del 60 por ciento de los españoles piensa que Hacienda hace poco contra el fraude fiscal, y casi un 90 por ciento cree que los impuestos no se cobran con justicia. Pues para remediar esta situación, los inspectores consideran que es necesaria esa "nueva manguera sin agujeros", según palabras de su presidente, Ramsés Pérez Boga. Las prácticas fiscales de dudosa justicia y al efecto devastador de la pasada amnistía fiscal, forman un cóctel explosivo que lleva a los ciudadanos a una peor valoración de la política de impuestos del país.
Sociedades, en la buena dirección
Las modificaciones en el Impuesto sobre Sociedades, aprecian que van en la buena dirección, con medidas como no permitir deducir el deterioro del valor de las participaciones en empresas ni de las rentas negativas obtenidas en el extranjero. Ello generaba una sangría a las cuentas públicas de miles de millones de euros, beneficiando a grandes contribuyentes y, en no pocos casos, sirviendo para eludir la carga tributaria mediante planificaciones agresivas.
Se han rebajado también los tipos para empresas de nueva creación, o que mantienen empleo, lo que permite relajar parcialmente el estratosférico gravamen del 30 por ciento que, además, fruto de un sinfín de beneficios fiscales, se quedaba en un discreto 3,5 por ciento para las grandes empresas multinacionales que, precisamente, son las que debían ingresar más. También valoran como muy positivos los incentivos a la inversión de beneficios para las pymes para que así reinviertan sus beneficios en la actividad económica, además de regular las deducciones por I+D+i, porque ello incentivará la inversión en tecnología. Asimismo, la deducción para los business angels favorecerá la captación de fondos por las empresas de nueva o reciente creación.
Estiman como muy destacables también las medidas financieras puestas en marcha, como la flexibilización del régimen fiscal del leasing, y la demora en el ingreso del IVA hasta que se cobre realmente. Medidas como las citadas van a aliviar la tesorería de muchas pymes solucionando sus problemas de liquidez. Sin embargo, lo más destacable de todo es la prórroga del algunas medidas de 2013 que ya no estarían en vigor para este ejercicio, pero que el Gobierno ha decidido mantener: la tarifa complementaria de gravamen del IRPF, la prórroga del impuesto sobre el Patrimonio o las retenciones de profesionales.
En el conflicto en la aplicación de la norma no se sancionan los actos y negocios que sean notoriamente artificiosos, y que no produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal. Dicho de otra forma, no sancionan los montajes hechos expresamente para defraudar. Ahora se quiere corregir la situación, imponiendo sanciones en dichos supuestos, pero se tendrá que ver la redacción final de la modificación, ya que cuando se aprobó la Ley, en el año 2003, este fue uno de los temas más polémicos, por la presión de los llamados lobbies.
El diferencial entre comunidades autónomas es otro problema, que provoca fugas del IRPF hacia el Impuesto sobre Sociedades por el hecho de que este último impuesto presenta tipos menos elevados. Para solucionar esta disfunción se aboga por que las reducciones aplicables en el impuesto societario sólo se apliquen "para quien genere actividad económica". Así se evitaría la creación de sociedades ficticias creadas con el fin único de tributar menos.
Diez retoques al Impuesto sobre Sociedades
