Prófugo deja al descubierto debilidad del sistema judicial de Guatemala

La toma de posesión como alcalde del prófugo de la justicia Manuel Castillo, acusado de ser uno de los responsables del asesinato de tres diputados salvadoreños del Parlacen y de su chofer hace un año, dejó al descubierto la debilidad del sistema judicial de Guatemala.

El 19 de febrero, justo cuando se cumplía un año del crimen de los salvadoreños, el concejo de la Municipalidad de Jutiapa, en el este de Guatemala, juramentó a Castillo como alcalde, pese a que permanecía prófugo de la justicia desde mediados de enero.

"Este es un caso que pone de manifiesto la extrema debilidad de nuestro sistema de justicia y de nuestro estado de derecho; lo pone prácticamente en jaque. Es una verdadera vergüenza para Guatemala", afirmó este miércoles Luis Felipe Linares, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Castillo, ex diputado guatemalteco, fue vinculado por las autoridades a la banda que ejecutó a los legisladores salvadoreños y su chofer, luego que descubrieran que había mantenido comunicación telefónica con los autores materiales del crimen, antes, durante y después del mismo.

"Ha habido una negligencia de las autoridades, especialmente las judiciales y de las fuerzas de seguridad en conjunto", destacó Linares.

En ese sentido, el fiscal de delitos contra la vida, Álvaro Matus, supone que el acta de toma de posesión de Castillo como alcalde no se elaboró dentro de la Municipalidad, toda vez que había agentes destacados para aprehender al prófugo si se acercaba al edificio de la comuna jutiapaneca.

No obstante, Matus también indicó que los miembros del concejo municipal cayeron en el delito de encubrimiento, criterio que también comparte Linares, pues al contar con una orden de aprehensión no pudo haber tomado posesión del cargo para el que fue electo en los comicios de setiembre del año pasado.

"Hay un delito de encubrimiento por parte de la corporación municipal de Jutiapa al haber juramentado a un prófugo de la justicia, pues lo menos que podrían hacer era dar parte a las autoridades porque se estaba en ese momento ante una persona que era buscada por la justicia", sostuvo Linares.

Además, el analista político sugirió que ahora la tarea de las autoridades judiciales está en demostrar la invalidez del acta de toma de posesión y buscar todos los medios posibles para que "ese señor" Castillo, no se burle del estado de derecho de Guatemala.

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