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Los inspectores piden incluir en la lista de morosos al que deba más de 300.000 euros

  • Reclaman que libros y facturas estén en un lugar de libre acceso para la Administración
  • Demandan que se incluya el nombre del administrador y del socio mayoritario
La titular de Hacienda, María Jesús Montero. EFE
Madrid

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) propone que se rebaje la cuantía para la inclusión en la lista de morosos de Hacienda desde el actual millón de euros hasta los 300.000 euros. Consideran que el impacto social de las deudas impagadas "no viene por las grandes deudas, sino por millones de deudas de elevada, mediana y pequeña cuantía".

En caso de entidades, apuestan por que se incluya en el listado el nombre del administrador o representante legal, y de su socio mayoritario, así como si el deudor está o ha estado en concurso, condenado por delito o ha sido declarado fallido. Además, abogan por que la inclusión en el censo debería conllevar determinadas restricciones aplicables a los deudores incluidos, como la revocación del NIF o la inhabilitación temporal de administradores de empresas deudoras.

Así se plantea en su informe Algunas propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las Administraciones tributarias en el marco del Plan de Resiliencia, que para evitar las limitaciones de entrada en los domicilios de empresas y empresarios, tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a incluir estas actuaciones en un plan de inspección previamente abierto, propone la dotación de nuevas facultades de investigación para la Inspección, tales como la posibilidad de realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, y en el caso de grandes fraudes, el pago a confidentes para permitir la denuncia de estos delitos.

Libre acceso a los libros

Los inspectores de Hacienda aspiran a que sea obligatorio conservar los libros contables y fiscales, y sus justificantes de apoyo (facturas y medios de pago) en un lugar de libre acceso a la Administración, previamente determinado por el contribuyente y en un domicilio que deberá ser, inevitablemente, un domicilio fiscal o de actividad, para dotar de seguridad jurídica a las actuaciones inspectoras presenciales.

También, se prevé que si no hay un lugar diferenciado del domicilio constitucionalmente protegido, debería habilitarse una zona a estos efectos.

Limitar los aplazamientos

Se propone elevar a rango legal los supuestos de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas regulados reglamentariamente, cuando no se aporte la documentación exigida para evitar demoras cuando se incumplen unos requisitos mínimos. Además, abogan por limitar las garantías admisibles para lograr un aplazamiento de deudas tributarias a las financieras y primeras hipotecas de bienes inmuebles.

En materia concursal, se pretende reforzar la recuperación de deudas, con la inhabilitación de los administradores de entidades jurídicas insolventes que no hayan solicitado en plazo el proceso concursal.

Junto a esa medida se propone que la normativa concursal castigue a los administradores que demoren la petición del concurso, con la condena en la pieza de calificación a abonar el déficit concursal.

Se proponen diversas medidas, como la imposibilidad de suspensión ante recursos contra actos del procedimiento de recaudación

En otro orden de cosas se pretende evitar el actual uso abusivo de la figura de la suspensión que, cuando se utiliza con fines ilegítimos (de mera demora sin intención de pago), supone la parálisis del procedimiento de ejecución sin ninguna contraprestación final y con la posibilidad de insolvencia futura.

Se proponen diversas medidas, como la imposibilidad de suspensión ante recursos contra actos del procedimiento de recaudación que afecten a la deuda que ya se ha podido impugnar y suspender, como aplazamientos de pago, o las posteriores actuaciones de apremio y embargo para su cobro.

La inexistencia de efectos cautelares de la solicitud de suspensión, si esta no va acompañada de los documentos legalmente exigidos (garantía aportada y su valoración, o justificativa de un perjuicio irreparable o error material) o de las presentadas una vez vencido el plazo voluntario de ingreso.

Además, proponen un plazo de resolución máximo de las solicitudes de suspensión por parte de los Tribunales Económico-Administrativos, que podría ser de 30 días, para los Tribunales Regionales y de 60 para el Teac, que actúa como segunda instancia o en los casos que resultan más complejos. Para paliar el fraude recaudatorio hacia la insolvencia simulada o vaciamiento patrimonial, tradicionalmente conocido como alzamiento de bienes, frustración de la ejecución o fraude de acreedores, proponen que se compensen de oficio deudas y devoluciones del mismo grupo.

Responsabilidades de grupo

También, piden ampliar las responsabilidades en el grupo, de manera que cualquier empresa del mismo responda de las deudas de las sociedades que lo componen, así como la responsabilidad del pago de la deuda a despachos profesionales de asesoramiento que sean los ideólogos de estas estructuras.

Entre ellas, citan los entramados sociales ficticios, sociedades pantalla, circuitos para desviar capitales y técnicas y productos que buscan la elusión y evasión fiscal para minorar o anular las cuotas tributarias a pagar por sus clientes. También a entidades financieras especializadas en la colocación y traslación de fondos y productos financieros que cumplan esas funciones.

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Comentarios 9

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VIO
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Interesante constatar que los inspectores de Hacienda no hayan dicho nada sobre el robo legal que suponía el impuesto de plusvalía municipal, de todos sobradamente conocido, pero bien calladito se lo tenían. Ni su ministra ladrona, la señora María Jesús Montero, ha dimitido ni ellos lo han solicitado. Todos cómplices, angelitos. Bien que lo han aplicado sabiendo que se trataba de un robo legal pero miraban para otro lado. Ni van a devolver a los ciudadanos expoliados la cantidad defraudada ni el plus que han cobrado por ello. Qué decir de la doble imposición a las empresas. Otro tema tabú. Ni mentarlo. Ni que por Navidad cobran su paga extra como el resto de funcionarios más un plus de productividad por recaudación dejando en evidencia al resto de compañeros de otras administraciones. Es un claro y evidente agravio comparativo. Silencio, que les beneficia tan solo a ellos. Todos los funcionarios son iguales para el estado y en iguales circunstancias y cargos deben cobrar lo mismo. A qué viene esa diferencia. Lo que pretenden es saquear más a las empresas para mejorar su rapel de productividad alegando que lo hacen por el bien común y no por su bolsillo. Otra excusa muy conocida es que actúan así por obediencia debida al superior. Y la vicepresidenta primera Nadia Calviño dale que te pego que basta con un euro para constituir una empresa. Según ella en España hace falta empresarios para saquearlos. ¡Qué contradicción! Por qué no les explica detalladamente a esos incautos sus obligaciones fiscales. Con eso ya tienen bastante para salir corriendo. Y las obligaciones de todo tipo que van a asumir. España es un país de funcionarios, gobernado por funcionarios que desprecian el paupérrimo tejido empresarial que tenemos. Desconocen que el empresario de Pyme no trabaja 40 horas semanales, como ellos, y pasa el finde con la familia, como ellos. En muchas ocasiones ni 60 ni 80. Ni que si coge vacaciones deja de ingresar. Que si cae enfermo deja de ingresar. Eso no les interesa. Y la enorme responsabilidad que tiene a sus espaldas. Tampoco les interesa. No debaten que para llegar a ser Inspector de Hacienda deberían pasar un mínimo de tres años recorriendo Pymes para enterarse en qué país viven. Se consideran a si mismos unos mandarines omnipotentes y privilegiados que quieren dirigir la economía del país sin saber dónde ponen los pies. Hacienda nos roba y sus inspectores coadyuvan al robo legal a sabiendas de lo que hacen. De los 37.000 millones de euros que se han perdido en absentismo laboral, silencio, que ese tema no va con nosotros. Ahí no hay rapel de productividad y consecuentemente no hay interés. Qué ladrones son. Su lema es: recaudar para tirar, pero recaudar, que algo en nuestros bolsillos quedará. Ellos no son morosos, son, simplemente, ladrones.

Puntuación 14
#1
Normativa
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Quedarán exentos de la misma:

-Banqueros

-Políticos

-Miembros de la casa real

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#2
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Ignacio Sánchez
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Menudos nuevos privilegios. Sobre todo cuando se constata que los Inspectores abusan de ellos en su beneficio particular.

https://rebelionenlagranja.com/noticias/un-documental-que-denuncia-malas-practicas-de-la-aeat-y-que-nadie-quiere-emitir-por-miedo-20211117

Sin duda, tendría su contrapartida: Ante tales potestades, riesgos al fin y al cabo, el emprendedor/empresario se pensará mucho realizar su función. El tejido productivo, especialmente en un país donde domina la pequeña y mediana empresa, se resentirá y mucho.

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#3
mamandurrio
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Estamos rodeados de social-comunistas, bolivariano, separatistas, etarras...., no hacen más que atacar al "emprendedor". En este país no se puede ser una persona con iniciativa, pues al momento se le ataca.



ABBAS KHAL EL MAMANDURR

Puntuación 11
#4
Nicaso
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Y con el Estado deudor qué hacemos ?. Normas. leyes y más normas para exprimir al que produce.

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#5
Josh
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Cada año vemos cómo aprietan la soga un poco más. Luego España pierde puestos en las listas de competitividad, una razón de peso para ello son las trabas burocráticas, los impuestos y la arbitrariedad de éstos.

Lo de rebajar a 300.000 será al menos tras sentencia firme, seguro que lo quieren meter en cuanto ellos consideren oportuno para apretar más.

Cuando Hacienda pierde un juicio, y ya van unos cuantos, no dimite nadie, no se mete a ese inspector en una lista negra de rapiñas.

Este organismo del estado veo que no tiene remedio, espero q más pronto que tarde un ministro entre con la guillotina y ponga orden. La confianza empresarial y la economía mejorará bastante.

Puntuación 10
#6
Una de sátrapas tributarios
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Lo próximo será la esclavitud por deudas con Hacienda.

Puntuación 9
#7
vio
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En la última reunión de inspectores de hacienda, la Aeat, se presentó una comunicación polémica. Era esta: El inspector de Hacienda como terrorista económico. En la ponencia se justificaba que los inspectores actúan como todo el mundo, por codicia. Cuanto más recaudan más plus reciben por Navidad. Desplumar a las Pymes aumenta su recaudación. Para ellos el daño al tejido industria de Pymes y autónomos les trae sin cuidado. Qué hay más paro, que haya. Qué aumenta la pobreza, que aumente. En esta interesantísima ponencia se formulaba la propuesta novedosa de constituir una policía judicial específica para perseguir los delitos y abusos de los inspectores de Hacienda: desenmascarándolos en un primer momento, para posteriormente interrogarlos y en su caso destituirlos. El último recurso es la expulsión del cuerpo. En la reunión de la Aeat algunos se han puesto, alegando que de esta forma se podían restringir sus ingresos extra por Navidad que tantísima ilusión les hace; pero otros estaban conformes ya que al dejar vivir a las Pymes y autónomos se crea riqueza que repercute positivamente en el bienestar general y finalmente hasta en sus ingresos extra navideños. Parece que finalmente se ha desestimado la propuesta por mayoría. Creen que lo más importante es que prime desde el primer momento el complemento extra de recaudación por Navidad. Son Inspectores de Hacienda.

Puntuación 5
#8
A la carroña
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Nunca alguien tuvo más cara de buitre.

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#9