La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió ayer ejecutar la condena dictada por el Tribunal Supremo, contra el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, por lo que comunicó al condenado la pérdida de su escaño.
La decisión de Batet vino precedida por la misiva enviada por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchenaen, respuesta a una previa enviada por la presidenta del Congreso en la que solicitaba al Tribunal Supremo que aclarara el alcance de la pena que impuso al diputado.
En su respuesta, Marchena descarta cualquier error en la sentencia condenatoria del diputado y le advierte de que la inhabilitación especial para "el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es una pena accesoria obligada", según establece el artículo 56.1.2 del Código Penal, "cuando se imponga una pena privativa de libertad, como ha sucedido en el presente caso".
También argumenta el magistrado que "en la sentencia se explica con suficiente claridad todo lo relativo a la imposición de la pena de prisión y su accesoria (inhabilitación), a la necesidad de su sustitución de conformidad con el artículo 71.2 del Código Penal y a las consecuencias de la misma".
Batet pidió la aclaración dos días después de que PSOE y Grupo Confederal, que suman mayoría en la Mesa del Congreso, concluyeran que esa condena no implicaba dejarle sin escaño.
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