El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha confirmado a través de Twiter este fin de semana, que hoy lunes irá a declarar ante el al Tribunal de Apelación italiano de Sassari "con los deberes hechos". Con ello, se refería a su presentación como candidato a la asamblea de representantes del Consell per la República.
La citación por el Tribunal sardo se produjo tras ser detenido, el pasado 23 de septiembre, y puesto en libertad, al día siguiente, sin medidas cautelares. Después de la vista la Sala debe decidir si lo entrega o no a las autoridades españolas.
Fuentes del entorno de Puigdemont han anunciado que estará acompañado por los exconsejeros Ponsatí y Comín y también por miembros del actual Govern, como son las consejeras de Presidencia y Justicia, Laura Vilagrà y Lourdes Ciuró. También se prevé la asistencia de la portavoz parlamentaria de ERC Meritxell Serret.
Las Autoridades italianas han comunicado a los altos mandos de la Policía que no procedan a la detención de Ponsatí y Comín al existir dudas sobre la vigencia de su inmunidad parlamentaria al ejercer como eurodiputados.
En previsión de lo que pudiera suceder, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) recibió el pasado viernes, una demanda de medidas cautelares presentadas por la defensa del expresidente para reactivar su inmunidad como eurodiputado y frenar así el proceso iniciado en la Justicia italiana.
Pulso con las lagunas legales
A este respecto, el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, remitió, previamente, un escrito al Tribunal de Apelación en el que señalaba que la euroorden está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial. Por ello, instaba a los jueces a la entrega de Puigdemont a la Justicia española.
En su escrito al Tribunal de Apelación recuerda que él como instructor de la causa del procés no ha emitido alguna decisión que modifique o suspenda la medida cautelar tras la presentación de la Cuestión Prejudicial. Además, explica que por auto de 10 de enero de 2020 al Parlamento Europeo solicitó que se suspendiera la inmunidad de Puigdemont, durante la tramitación parlamentaria de esta petición, la autoridad judicial belga suspendió el procedimiento de ejecución correspondiente a la OEDE. Señala que, dado que el Parlamento Europeo retiró la inmunidad a Puigdemont por decisión de 8 de marzo de 2021, él informó a la autoridad de ejecución belga para que pudiera reanudarse un procedimiento de entrega suspendido por esta causa.
Llarena explica que el 30 de julio de 2021, el vicepresidente del TGUE dictó una orden en la que desestimó la petición de medida cautelar formulada por Puigdemont por lo que mantenía la decisión de retirarle la inmunidad, sin perjuicio de la decisión de fondo que pueda llegar a adoptarse al término del procedimiento.
El entorno del expresidente de la Generalitat ha sabido sacarle buenos resultados a la parquedad de la redacción de la normativa que rige la euroorden, que contiene un listado de delitos por los que la entrega de los investigados debe ser automática, pero sin embargo, el resto de los delitos queda a la interpretación de los jueces nacionales, condicionada a que exita la misma figura delictiva en ambos Estados de la Unión Europea (UE).
Una historia de negativas
El 23 de marzo de 2018, Puigdemont se encontraba en Helsinki para participar en unas conferencias. Llarena reactivó la orden de detención y en ella alegaba que se buscaba al político por un delito de rebelión penado con hasta 25 años de prisión y otro de malversación de caudales públicos, castigado con un máximo de 8 años de cárcel.
El 25 de septiembre de 2018, dos días después de que el magistrado español impulsase la orden de detención, Puigdemont fue detenido en Alemania tras entrar en coche desde Dinamarca. Fue entonces cuando se inició su periplo en el país bávaro y que le llevó a prisión por un espacio de doce días.
En abril de 2018, el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, dictó libertad bajo fianza de 75.000 euros para Puigdemont e indicó que la extradición solo era posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión. El intento alemán quedo entonces paralizado.
El 14 de octubre de 2019, tras la sentencia que condenaba a los líderes del procés independentista, a través del Sistema de Información de Schengen (Sirene) se comunicó a la Administración belga que ese día se había vuelto a emitir una orden europea de detención (OED) contra Puigdemont y se explicaba que se trataba de un caso "muy sensible para España".
Alemania avisó e el 18 de febrero de 2020 que si se le localizaba sería muy poco probable mantenerle en custodia para cualquier procedimiento de entrega, de acuerdo con la legislación nacional y por la inmunidad diplomática de que gozaba entonces como eurodiputado.
Según informa Europa Press, aunque no se ha hecho ningún requerimiento específico a las autoridades helvéticas, también Suiza informó a España en 2017, 2018 y en 2019 de que rechazaría entregar al líder independentista al considerar que los hechos descritos en la orden de detención no constituyen a primera vista un delito extraditable, según el derecho suizo y que "parecen ser un delito político".
Crítica a la Abogacía del Estado
Llarena ha echado en cara a la Abogacía del Estado que en el procedimiento que se sigue sobre la retirada de la inmunidad a Puigdemont, ésta informara al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de que la Orden de Detención y Entrega (ODE) estaba suspendida.
Esta afirmación forma parte del oficio enviado al representante de España en Eurojust, José de la Mata, para que traslade al tribunal italiano el auto en el que acordó la prisión provisional y con el que sustentó la euroorden.
Explica que la vigencia no se suspendió por el planteamiento que hizo de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) puesto que "la propia recomendación subraya que la adopción de medidas cautelares no está sometida al régimen de suspensión obligatoria".
La ministra de Justicia, Pilar Llop ha defendido la "pulcritud" y "respeto" a la doctrina del TGUE. Mientras tanto, el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha acusado a la Abogacía del Estado de "mentir".
