El próximo jueves se celebrará en el Congreso de los Diputados la votación por el Pleno de una enmienda del Grupo Mixto introducida en el Senado, que de aprobarse obligará, con efectos retroactivos, a modificar las condiciones de los contratos de alquiler privados firmados con los operadores de tiendas en los aeropuertos desde que se inició el primer estado de alarma en marzo 2020.
El presidente de la Asociación Española de Operadores Comerciales de Aeropuertos (Aeoca) ha enviado una carta a todos los diputados pidiendo el voto favorable para beneficiar a las pymes que operan en los aeropuertos (el 70%), muy afectadas por la pandemia.
Sin embargo, la enmienda que se ha introducido en una norma dedicada a la regulación de las características de taxis y vehículos VTC, ha levantado una enorme polémica por su carácter retroactivo, algo que resulta jurídicamente inconstitucional, según confirman diversas fuentes jurídicas consultadas, al incumplir el artículo 9.3 de la Carta Magna que prohibe la retroactividad de las "disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales". Además, este artículo garantiza la seguridad jurídica, principio de protección de la confianza legítima para el desarrollo de los contratos privados.
Finalmente, el artículo 33.3 de la Constitución obliga al legislador a observar las garantías de la expropiación forzosa cuando por ley se lleva a cabo una intervención expropiatoria sobre situaciones reguladas por la legislación anterior.
La normas establece que la parte proporcional de Renta Mínima Anual Garantizada (RMAG) establecida en los contratos de arrendamiento entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y no será exigible su pago por Aena.
A partir del día 21 de junio de 2020 la RMAG quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019. Esta reducción será aplicable en 2020, así como en los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019. La norma producirá plenos efectos jurídicos aun cuando las partes hubiesen alcanzado acuerdos diferentes.
La batalla entre Aena y las tiendas esconde unos 3.457 millones de euros en alquileres garantizados hasta 2024 que los arrendatarios ni quieren ni pueden pagar y que el gestor buscar salvar en la mayor medida.
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