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La Fiscalía reclama autonomía presupuestaria y organizativa del Gobierno

  • En la Memoria anual se revindica un presupuesto anual propio
Foto: EE
Madrid

La Fiscalía General del Estado (FGE), en su Memoria de 2021, referida al ejercicio 2020, reclama autonomía presupuestaria y legislativa, que otorgue autonomía orgánica del Gobierno del Estado y de las comunidades autónomas (CCAA). Así, en su texto se asegura que "la verdadera autonomía organizativa del Ministerio Fiscal, el ejercicio de las funciones constitucionalmente encomendadas por medio de órganos propios, pasa por tener un presupuesto propio y capacidad y medios para su gestión.

Por ello, los fiscales reclaman una singularización anual del presupuesto del Ministerio Fiscal en los Presupuestos Generales del Estado y en los presupuestos de las comunidades autónomas, así como la dotación previa de medios, personales y materiales, para la gestión de los recursos propios.

Y recuerda la Fiscalía que esto ya fue advertido por el informe de la cuarta ronda de evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) al referirse a la necesidad de una mayor autonomía financiera, recogiendo en su recomendación ix (iii) la de "explorar nuevas vías para lograr una mayor autonomía en la gestión de los medios del Ministerio Fiscal", al tiempo que reconoce que "la autonomía de gestión es una garantía fundamental de la independencia y la eficacia de la Fiscalía".

En la Memoria se reclama también la autonomía orgánica que la Constitución Española proclama del Ministerio Fiscal, al consagrar su funcionamiento por medio de órganos propios y la reserva legal que la propia Carta Magna prevé para el estatuto orgánico de la institución, tropiezan con la atribución al Ministerio de Justicia de la capacidad de desarrollo reglamentario de ese estatuto, en lugar de circunscribir a la FGE esa capacidad normativa para la autorregulación de la institución.

Paliar las deficiencias

Esa incapacidad de regular la estructura y composición de sus órganos propios, considera la FGE, impide paliar deficiencias advertidas en su organización basada en los principios de especialización y territorialidad.

"Debe ser la propia FGE la que, valorando los datos estadísticos recabados de todas las fiscalías y a través de la centralización de toda la información en la Inspección Fiscal, pueda asignar recursos personales en el marco de las plazas existentes o de nueva creación. La autonomía no puede circunscribirse exclusivamente a la aprobación de circulares, instrucciones y consultas en desarrollo del principio de unidad de actuación.

Término a la dependencia del Ejecutivo

En la Memoria de la Fiscalía se propone que la relación y comunicaciones con el Gobierno, en el marco de la dirección que éste ostenta sobre la política criminal (artículo 97 de la Constitución), deben asentarse sobre la transparencia y publicidad. Por ello, se reclama que toda comunicación debe realizarse por escrito y constar en un sistema de registro, sin que la Fiscal General pueda ser llamada ante el Consejo de Ministros, eludiendo infundadas sospechas de dependencia.

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