Ecoley

El Supremo impide a Hacienda usar pruebas que encuentre en otros casos

  • Rechaza que utilice documentos declarados nulos hallados en registros a terceros
Madrid

El Tribunal Supremo (TS) frena a la Agencia Tributaria en sus expedientes e impide a los inspectores que utilicen pruebas contra el contribuyente que encuentre casualmente en otro caso durante un registro de un domicilio o empresa. En concreto, el Supremo fija doctrina y establece que "Hacienda no puede utilizar pruebas obtenidas en registro a terceros que sean declaradas nulas por sentencia penal".

La sentencia, de 14 de julio de 2021, dictamina como doctrina que "la Administración tributaria no puede realizar válidamente comprobaciones, determinar liquidaciones o imponer sanciones a un obligado tributario tomando como fundamento fáctico de la obligación fiscal supuestamente incumplida los documentos o pruebas incautados como consecuencia de un registro practicado en el domicilio de terceros (aunque se haya autorizado la entrada y registro por el juez de esta jurisdicción), cuando tales documentos fueron considerados nulos en sentencia penal firme, por estar incursos en vulneración de derechos fundamentales en su obtención". El fallo precisa que aun cuando tal declaración penal no se hubiera llevado a cabo formalmente, la nulidad procedería de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conforme al cual "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales".

El fallo rechaza que "los excesos" de los funcionarios de la Agencia Tributaria sirvan como prueba

El magistrado Francisco José Navarro Sanchís, ponente del fallo, explica que "estos excesos de los funcionarios de la administración tributaria sobre lo autorizado en el auto judicial es contrario a derecho y deber ser controlado, a posteriori, por el propio juez autorizando, a través del mecanismo de dación de cuenta que la Administración está obligada a realizar, artículo 172 del Reglamento General de la Administración Tributaria, sin que la infracción de dicho trámite deba perjudicar al afectado por él".

La sentencia considera "hallazgos casuales" los documentos referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios distintos a aquéllos para los que se obtuvo la autorización judicial de entrada y registro y, por tanto, supeditados en su validez como prueba y en su idoneidad para servir de base a las actuaciones inspectoras y sancionadoras a la licitud y regularidad del registro de que se trate, lo que afecta tanto a su adopción y autorización como al modo de efectuarse su práctica. "La acreditación, por la Administración de que la prueba obtenida, como hallazgo casual, en el registro de un tercero, con finalidad de determinar otros tributos, no es la misma utilizada en la ulterior regularización y sanción, a efectos de determinar el alcance y extensión de la prueba nula, es carga que corresponde a la Administración, dado su deber de identificar y custodiar pertinentemente la prueba obtenida en un registro, máxime si pertenece o afecte a terceros", apunta Navarro Sanchís.

La sentencia incluye un voto particular del magistrado José Antonio Montero Fernández. En su voto defiende que la Administración tributaria sí puede realizar regularizaciones tributarias e imponer sanciones con relación a un sujeto pasivo, tomando en consideración documentos incautados como consecuencia de un registro domiciliario practicado respecto de otros sujetos pasivos. Añade que en los casos en los que tales documentos sean declarados por la jurisdicción penal como constitutivos de una prueba nula al apreciar vulneración de derechos fundamentales, si bien con carácter general la prueba ilícitamente obtenida resulta ineficaz e inoperante, en el ámbito tributario la valoración y calificación corresponde hacerla al juez de lo contencioso administrativo, salvando los hechos declarados probados por resoluciones penales firmes.

Así fue el caso que dio lugar a esta sentencia

La Sala aplica esta doctrina a un caso concreto y declara nulas las liquidaciones y sanciones giradas por la Administración tributaria a un contribuyente en relación con el IRPF -años 2010, 2011 y 2012- basadas en documentos obtenidos en la entrada y registro domiciliario a un tercero -en las oficinas de un empresario- en el que se incautaron documentos referidos a otros sujetos y relativos a otros impuestos y ejercicios distintos a aquellos para los que se obtuvo la autorización de entrada y registro. La sentencia del Tribunal Supremo considera que la actuación de la Administración no fue lícita en su ejecución, ya que estuvo plagada de múltiples y graves irregularidades que invalidaron aquel registro en toda su extensión.

comentarios4WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
Comentarios 4
Deja tu comentario
elEconomista no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios y los mismos no constituyen la opinión de elEconomista. No obstante, elEconomista no tiene obligación de controlar la utilización de éstos por los usuarios y no garantiza que se haga un uso diligente o prudente de los mismos. Tampoco tiene la obligación de verificar y no verifica la identidad de los usuarios, ni la veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de los datos que los usuarios proporcionan y excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que pudieran deberse a la utilización de los mismos o que puedan deberse a la ilicitud, carácter lesivo, falta de veracidad, vigencia, exhaustividad y/o autenticidad de la información proporcionada.

amnostias fiscales para defraudadores y evasores
A Favor
En Contra

En las amnistias fiscales para los mayores defraudadores y evasores no interviene justicia ninguna ni supremo que valga .. tampoco enlos rescates sin devolver de la delincuencia bancaria y economica

Puntuación -1
#1
roger
A Favor
En Contra

No entiendo nada, esto es Derecho básico en cualquier Universidad Europea o Occidental a nadie se le ocurre violar esta norma entre otra se impone pena de cárcel a los funcionarios responsables, no entiendo que hacen en este pais las instituciones están en una continua violación de los derechos de los ciudadanos sobre sus propiedades y bienes, absolutamente increíble.

Puntuación 35
#2
Aurelio
A Favor
En Contra

La hacienda española esta plagada de inspectores-terroristas-fiscales. Los inspectores cobran el incentivo en el año de la sanción y les importa un bledo si la justicia la invalida por grave violación de los derechos de los ciudadanos pues no tiene que devolver el bonus. Conclusión "es lógico que los jueces les den caña" porque en el afán de cobrar el el bonus pierden la capacidad de ser equitativos y justos con los ciudadanos, que al final somos los que pagamos sueldo y bonus.

Puntuación 9
#3
pruebanegativa
A Favor
En Contra

viruela y cepas son producto de costumbres suciedadhumana y solo se propagan mediante socialmente en reuniones de grupo

Puntuación 0
#4