El PSOE impulsa una reforma para regular a los lobbies en el Congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados debatió el martes la propuesta del Partido Socialista para regular a los lobbies. El texto incluye una regulación del trabajo de los grupos de interés y una reforma para imponer sanciones a los diputados que mientan en las declaraciones de bienes, actividades o intereses que presentan en la institución, una medida que podría llegar, en función de su gravedad, a la retirada de cargos parlamentarios y de los complementos salariales que llevan aparejados.

La proposición de ley de los socialistas, recogida por Europa Press, persigue la creación de un Registro de grupos de interés en la Cámara y fijar cómo debe ser su relación con los miembros del Congreso, así como con los empleados de los grupos parlamentarios. El texto tipifica las "infracciones" que pueden cometer los diputados y los grupos. En concreto, definen como tales el incumplimiento de todas obligaciones contenidas en el Reglamento de la Cámara, incluidas las recogidas en el nuevo título relativo a los lobbies.

Omisión de datos

También incurrirán en "infracción" quienes den datos "falsos" en sus declaraciones patrimoniales, en las que dan cuenta de sus actividades extraparlamentarias y en las que relativas a sus intereses económicos, donde han de consignar, entre otras cosas, para quién trabajaban en el lustro anterior a lograr el acta de diputado. También se considerará infracción "la no presentación" de estas tres declaraciones o la omisión de información obligatoria en las mismas. El PSOE detalla un procedimiento sancionador para los diputados y los grupos que incurran en estas infracciones. El incumplimiento de que se trate podrá ser denunciado por un grupo, la Mesa del Congreso, la Mesa de una comisión o quien ocupe la Secretaría General de la Cámara y la instrucción correrá a cargo de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Esta comisión podrá inadmitir la denuncia si no le ve fundamento, pero la Mesa del Congreso podrá revocar la decisión. Si se abre el procedimiento, se dará audiencia a los afectados, y podrán recabar pruebas, "aplicándose a tal efecto lo dispuesto en la legislación reguladora del procedimiento administrativo sancionador".

Código de conducta

La comisión tendrá un máximo de cuatro meses para resolver y, en función de la gravedad de los hechos probados, "podrá proponer las sancione que considere pertinentes, que se podrán graduar desde el apercibimiento y aplicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputados o el grupo hasta la retirada de cargos y complementos salariales" del infractor, "exceptuando los establecidos constitucionalmente", es decir, el 'sueldo base' de diputado. La sanción deberá ser aprobada por el Pleno de la Cámara.

El grueso de la iniciativa del PSOE versa sobre los denominados lobbies o grupos de interés y su influencia en las iniciativas parlamentarias. Así, defiende la creación de código de conducta para los 'lobistas', que deberán seguir principios de integridad, respeto a la ley, transparencia y veracidad de la información.

En este contexto, abogan por crear un registro de estos grupos, que tendrá carácter público a través de la web del Congreso. Los inscritos en el mismo podrán interlocutar con los diputados y los empleados de los grupos parlamentarios y éstos deberán comunicar el contenido de sus contactos con los 'lobbies', difundiendose en todo caso la identidad de las personas que han intervenido en los mismos, la fecha y las materias tratadas. Otro de los puntos de esta reforma reglamentaria prevé la elaboración de un informe de "huella legislativa".

Veto a exdiputados y exaltos cargos

El PSOE plantea que no puedan formar parte de grupos de interés quien haya sido miembro de las Cortes Generales o alto cargo del Gobierno de España durante los cuatro años anteriores o quien haya sido inhabilitado judicialmente para acceder a cargo público.

No tendrán que registrarse como grupos de interés las entidades que integran la organización territorial del Estado, las corporaciones de derecho público, las embajadas, los sindicatos más representativos, la CEOE ni la Cepyme.  La propuesta recoge también una serie de infracciones de los grupos de interés de carácter leve, grave o muy grave. Entre estas últimas destaca, por ejemplo, la difusión de información falsa a los diputados de forma reiterada.