Madrid
Más de 2.500 jueces españoles de los 5.419 que hay en España, han presentado, a través de sus asociaciones, una denuncia ante la Comisión Europea para que actúe frente a las reformas del Gobierno con respecto a la Justicia en España.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a esos más de 2.500 jueces españoles, han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en nuestro país por las últimas reformas legislativas que a su juicio afectan a la independencia judicial.
Argumentan en su escrito que la reforma legislativa sobre "el apagón y desapoderamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" -por la reforma que impide nombramientos con el órgano en funciones- y que su "colonización por los partidos políticos" comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), "y con ello su independencia e imparcialidad".
Denuncian, asimismo, el siguiente paso, que ya ha sido anunciado, y que consistirá en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno, "algunos de los cuales abiertamente animan a no respetar la Constitución. Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción", alegan los jueces.
Denuncian, por tanto, que ante estas iniciativas agravan la intromisión política en el Poder Judicial que se está produciendo en España, lo que compromete los valores que consagran los artículos 2 y 49 del Tratado de la UE que proclama la obligación de los Estados de preservar el Estado de Derecho.
Finalmente, solicitan que de no subsanarse la situación, Bruselas inicie el procedimiento de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE y del Estado de Derecho.
