Madrid
La Unión Europea (UE) se va a dotar este mismo año de una nueva legislación que obligará a las empresas a respetar estándares medioambientales, de derechos humanos y sociales en sus cadenas de producción, según los términos de la iniciativa legislativa aprobada por el Europarlamento, con 504 votos a favor, 79 en contra y 112 abstenciones.
En el texto aprobado, la Cámara reclama la adopción urgente de normas comunitarias vinculantes para los Estados de la UE que regulen la responsabilidad de las compañías, junto con un paquete de medidas sancionadoras para las que provoquen un daño (o contribuyan a ello) sobre los derechos humanos, medio ambiente o gobernanza, así como una estructura judicial especializada.
Las empresas que quieran operar en la UE, incluidas las no residentes territorio europeo, deberán probar que cumplen los estándares de diligencia en lo referido a derechos humanos y medio ambiente, aplicándoles medidas proporcionales basadas en la probabilidad y gravedad del daño, el sector de actividad, el tamaño de la entidad y la extensión de la cadena de valor. Por ello, los acuerdos comerciales de la UE deberán incluir todos estos objetivos.
El Parlamento pide medidas adicionales, incluida la prohibición de la importación de productos vinculados a graves violaciones, como el trabajo infantil o forzoso. Para garantizar el derecho de las víctimas a obtener reparación, las empresas serán consideradas legalmente responsables por sus acciones y podrán ser sancionadas por el daño causado o su contribución, a no ser que puedan demostrar que actuaron en línea con las obligaciones de diligencia debida y tomado medidas para evitar el efecto adverso.
Para que las condiciones de competencia sean justas, el futuro marco legislativo sobre diligencia debida debe ser amplio y aplicarse a todas las grandes compañías sujetas a las leyes europeas o establecidas en territorio de la UE, incluidas las que ofrecen servicios financieros.
También se incluirá un mecanismo de ajuste en frontera de emisiones de carbono
Las reglas también deberán aplicarse a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que cotizan en bolsa y las pymes de alto riesgo, que deberían recibir ayuda técnica para cumplir los requisitos.
El miércoles pasado, el Pleno adoptó, con 444 votos a favor, 70 en contra y 181 abstenciones, una resolución sobre el establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El Parlamento quiere que el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono se encuadre en una estrategia industrial más amplia y que abarque todas las importaciones de productos y materias primas cubiertos por el sistema de comercio de emisiones.
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