Durante el pasado ejercicio ingresaron 3.446 asuntos sobre ocupación ilegal de vivienda en los órganos judiciales, un 191,8% más que en 2019, habiéndose resuelto 2.876. En Andalucía han ingresado 827, un 24% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321.
Según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil.
Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el cuarto trimestre de 2020 ingresaron 914 asuntos de este tipo, un 22,6% menos que en igual trimestre del año anterior, y se resolvieron 940.
En Cataluña se presentó el mayor número de demandas, 186, que representan el 20,4% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 181, la Comunidad Valenciana, con 113 y Madrid, con 85.
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