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La Administración puede reclamar la devolución de la subvención a todos los sujetos de una agrupación por incumplir el proyecto

Madrid

La Administración puede exigir el reintegro de una subvención concedida para la realización de un determinado proyecto en la modalidad de cooperación, incumplido, tanto a la entidad coordinadora de una agrupación de personas físicas o jurídicas, de carácter privado o público, del proyecto subvencionado, como a los demás participantes que la integren, aunque carezca de personalidad jurídica y de un patrimonio propio.

Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia de 16 de diciembre de 2020. en la que se sienta doctrina al respecto, interpretando a este respecto los artículos 11.3 y 40.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS).

El ponente, el magistrado Bandrés Sánchez-Cruzat, razona que el artículo 37 de la LGS regula que la facultad de la Administración que concede la ayuda pública de exigir el reintegro de las cantidades percibidas a la entidad coordinadora del proyecto subvencionado o a las demás personas físicas o jurídicas que integren la agrupación se debe a que todas ellas asumen la condición de beneficiarios de la subvención.

Señala Bandrés Sánchez-Cruzat que en estos casos la Administración no está condicionada por el hecho de que el incumplimiento de las condiciones establecidas en el acto concesional de la subvención sea atribuible a uno solo de los beneficiarios, en la medida que todos ellos son responsables solidarios de la realización del proyecto que ha recibido la subvención en régimen de cooperación. Sus razonamientos se basan en los artículos 40.2 y 11.3 de la LGS.

Y añade el magistrado que los incumplimientos de las estipulaciones contractuales, en que puedan incurrir los participantes en la agrupación, en contravención de los acuerdos o convenios formalizados entre los distinto integrantes de la agrupación, que ha obtenido la ayuda pública, no son oponibles frente a la Administración, y, por su carácter de relaciones entre personas privadas, deben sustanciarse de acuerdo con los principios y prescripciones establecidos en el Código Civil, y por los cauces procedimentales regulados en la legislación procesal del ámbito civil.

El caso en litigio se refiere a una convocatoria para la concesión de ayudas del Plan Avanza para la realización de proyectos en el marco de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.

A la entidad coordinadora le correspondía, en primer término, la obligación de reintegro, pero esto no resulta incompatible con el deber jurídico de la Administración de exigir directamente a las entidades participantes la obligación de reintegro, limitada, en términos cuantitativos, al grado de responsabilidad asumida.

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