Más de la mitad (52,3%) de los auditores especializados en la administración de procesos concursales consideran que es negativo retrasar la declaración de concurso, medida adoptada por el Gobierno para combatir la insolvencia producida por la pandemia del Covid-19.
Así, se han pronunciado estos profesionales en el Panel de expertos sobre la evolución de los procesos concursales realizado por el Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Instituto de Censores Jurados de España.
No obstante, las dificultades que plantea la actual situación, un 44,7% de los auditores del RAJ discrepan de sus compañeros y manifiestan que esta medida es positiva para salvar a las empresas.
Mayor división en las opiniones se da al analizar si es beneficiosa o no la medida sobre el atraso del aviso al juzgado competente del inicio por parte del concursado de negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. En este caso, el 50% de los auditores se muestran contrarios frente a un 47,3% que son favorables a la medida.
Repunte de los procesos sin masa
Señala el Panel de Expertos, que a pesar de estas medidas empieza a haber un leve repunte del número de nuevos concursos voluntarios y necesarios, y aumentan de forma significativa los concursos procedentes de mediación y, sobre todo, las personas físicas concursadas. Sin embargo, la mayor de las preocupaciones se centra en que vuelve a aumentar con fuerza el volumen de concursos sin masa suficiente.
Estiman también, que aunque en años anteriores tanto las recuperaciones de crédito ordinario como el importe recuperado de los deudores ya presentaban una tendencia a la baja, en 2020 está evolución se ha acentuado.
"El acelerado crecimiento en el número nuevos procesos concursales, el endurecimiento de las condiciones económicas en las que tienen lugar, los significativos efectos sobre el empleo y las mayores dificultades para recuperar los créditos y evitar la liquidación de las personas que entran en concurso de acreedores son los escenarios a los que nos enfrentamos", ha destacado Eduardo Molina, presidente del RAJ.
"Este aumento, que ya venía siendo generalizado dada la situación de endeudamiento de las familias, con créditos fáciles de obtener (tarjetas de crédito, etc.), cierres de pequeños negocios y pérdidas de puestos de trabajo y una crisis económica galopante, hará que en los próximos meses y, sobre todo a partir del 14 de marzo, el número de los concursos de acreedores aumente exponencialmente", estima Molina.
Caen los convenios
Respecto al comportamiento de los concursados, el estudio indica que persiste la tendencia a la caída en el número de convenios firmados y cumplidos y, aunque se observa un cambio al alza en la tendencia de las calificaciones culpables, de momento no puede decirse que esté produciéndose un aumento significativo de este tipo de procesos. Las peticiones de responsabilidad no muestran apenas variaciones, por lo que hay que entender que su número se mantiene en los tres años analizados.
Como era de esperar, el aumento en el número de concursos también tiene efectos sobre las plantillas y en el funcionamiento de los mecanismos destinados a combatir los efectos del desempleo asociado a ellos. Así, por primera vez desde 2018, se produce un aumento, todavía no significativo, de ERE vinculados a concursos y en los periodos de pagos del FOGASA.
Muchos de los encuestados destacan un drástico cambio al alza en la tendencia de años anteriores en la evolución de la actividad concursal, producido por el rápido deterioro económico generado por el COVID19.
El presidente del Instituto, Ferrán Rodríguez, también comentó esta situación durante su intervención en la presentación del informe. Ha explicado que esta situación, sumada a la falta de adecuación de la normativa concursal a las necesidades del tejido productivo español -y, más en concreto, a la falta de aprobación del Estatuto del Administrador Concursal-, suponen un serio riesgo para el correcto funcionamiento del sistema concursal español, justo en un momento en el que de él depende en gran medida la recuperación de miles de empresas y puestos de trabajo.
"Es una demanda que trasladamos al Gobierno y a nuestros políticos siempre que tenemos oportunidad, pero que no termina de llegar. Los problemas que este retraso conlleva van a ponerse de manifiesto en breve, en el peor momento, justo cuando el sistema va a ser sometido a una mayor presión. Por eso vamos a seguir insistiendo en que su aprobación es prioritaria para el conjunto de la economía española", solicitó Ferrán Rodríguez.
Eduardo Molina insistió en este tema y aseguró que "de mantenerse las actuales circunstancias, con una terrible inseguridad jurídica por la falta de aprobación del estatuto, con una exigua retribución, que en la mayoría de los casos no se llega a cobrar, con mayores costes y una profesión que inmerecidamente no goza del prestigio que se merec
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