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Los juzgados emitieron siete sentencias por corrupción condenatorias en el segundo trimestre

  • Se han abierto 11 procedimientos nuevos con 37 personas físicas y dos jurídicas investigadas
Foto: EE

Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales dictaron ocho sentencias en procedimientos por corrupción. De ellas, siete fueron condenatorias y sólo una, absolutoria, lo que supone que el fallo fue condenatorio en el 87,5 por ciento de los casos.

La información ofrecida detalla si las sentencias han sido absolutorias o condenatorias y, dentro de éstas últimas, si lo han sido con o sin conformidad, así como si han sido parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año, que recoge un total de once procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 37 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

También incluye el número de personas jurídicas contra las que se dictó auto de apertura de juicio oral en ese periodo, que fueron dos.

El repositorio, que fue presentado el 12 de enero de 2017, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a la ciudadanía conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etcétera-, que se actualizan de forma trimestral.

La información que ofrece el repositorio corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Sentencias dictadas

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