Ecoley

El Gobierno elimina la incapacitación como estado civil

  • El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley que reformará el Código Civil
  • "Garantiza la voluntad de las personas con discapacidad", dice el ministro
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. eE
Madrid

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de reforma del Código Civil en materia de personas con discapacidad, que deja atrás la incapacitación entendida como un estado civil e introduce cambios en la regulación de las instituciones de guarda y protección de las personas con discapacidad.

"Un cambio legislativo de enorme calado para garantizar tanto el respeto a la voluntad como las preferencias de las personas con discapacidad", anunció la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, acompañada por el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

Por su parte, el ministro de Justicia explicó que la palabra "clave" de este proyecto es la "curatela" para atender el "apoyo" que pueden necesitar las personas con discapacidad. "El cambio de paradigma de esta Ley es un elemento transformador social", subrayó.

El texto, propuesto por el Ministerio de Justicia y por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, será remitido ahora al Congreso para su tramitación parlamentaria, tras alcanzar la segunda vuelta en Consejo de Ministros y contar con todos los informes preceptivos.

De este modo, Campo afirmó que espera que la Ley cuente con una tramitación parlamentaria "rápida". "Esta es una de las leyes de las que nos podemos sentir orgullosos como sociedad porque nos permite ser más iguales", declaró, para después agregar que es una ley por la que hay que felicitarse.

Según ha detallado la Dirección General de Políticas de Discapacidad, el proyecto modifica la Ley del Notariado; el Código Civil; la Ley Hipotecaria; la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad; la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil; y la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

De este modo, apunta que entre las reformas destaca la modificación del Código Civil, que sienta las bases del nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

Asimismo, explica que se sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad por el apoyo, término este que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo. Igualmente, la modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto.

También aborda la institución de la curatela, entendida desde la perspectiva asistencial. Estos cambios obligan a su vez a la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Por su parte, la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se refiere al ejercicio de las acciones de determinación o impugnación de la filiación, en divorcios y herencias.

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