La abogada general de la Unión Europea, Juliane Kokott, asegura que es necesario un control judicial de las peticiones de información fiscal a otros países por parte de las agencias tributarias europeas. En concreto, en unas conclusiones presentadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) esta semana, sostiene que un requerimiento de información emitido en el marco de un intercambio de información entre autoridades fiscales de diferentes países debe poder ser sometido a control judicial por el destinatario, el contribuyente concernido y los terceros afectados.
Las conclusiones de la magistrada, que en más de un 90% de los casos coinciden con la sentencia final del TJUE, subrayan que excluir esa posibilidad de protección jurisdiccional es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
"Está claro que el destinatario del requerimiento de información tiene derecho, en virtud del artículo 47 de la Carta, a someter dicha resolución a un control judicial de legalidad", destaca la abogada general. "El requerimiento constituye un acto jurídico que le causa un perjuicio. Ello implica que no es necesario dilucidar si también podrían resultar vulnerados, y en qué medida, otros derechos fundamentales del destinatario garantizados por la Carta", añade la magistrada en sus conclusiones.
La abogada general recuerda que la obligación de un tercero de suministrar datos personales de un contribuyente afecta al derecho fundamental de este último a la protección de esos datos. "Por ello, el contribuyente concernido también podrá someter dicho requerimiento de información al control de legalidad de los tribunales, conforme al artículo 47 de la Carta. La posibilidad de impugnar, en su caso, una ulterior liquidación tributaria no ofrece una salvaguardia suficiente del derecho fundamental a la protección de datos", indica.
También a otros afectados
Por lo que respecta a los terceros afectados -en este caso enjuiciado, diversas sociedades-, la abogada general Kokott señala que, según la jurisprudencia, el derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal se refiere en principio a las personas físicas. "No obstante, las personas jurídicas pueden invocar, en cualquier caso, el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar cuando, como en el presente asunto, se reclama información sobre cuentas bancarias y activos financieros. Esos terceros también pueden someter el requerimiento al control de los tribunales en virtud del artículo 47 de la carta", explica.
En consecuencia, según la abogada general, la privación de la tutela judicial al destinatario del requerimiento de información, al contribuyente concernido y a los terceros afectados infringe el artículo 47 de la Carta.
"Tiene que pedir información sobre lo que va a investigar para evitar la expedición de pesca fiscal", señala la abogada general
El fiscalista Esaú Alarcón, socio de Gibernau Asesores, considera que "es muy razonable que todos los requerimientos tengan derecho a un mínimo control judicial". A su juicio, "de lo contrario, el deber quedaría al albur de una de las partes, la administración".
Por otra parte, la abogada general destaca que "la autoridad requirente debe motivar la petición de información de modo que la autoridad requerida pueda valorar si la información solicitada no carece manifiestamente de pertinencia previsible para la gestión de los tributos por la autoridad requirente". Según señala en las conclusiones, la referida solicitud debe contener indicaciones específicas sobre los hechos u operaciones relevantes a efectos fiscales, con el fin de evitar investigaciones aleatorias, las denominadas expediciones de pesca (fishing expedition, en inglés). "Tiene que pedir información sobre lo que va a investigar", concluye la abogada general.
