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Usar al asesor fiscal para delatar: otro golpe a la seguridad jurídica

  • Los asesores fiscales exigirán a sus cliente la renuncia a la confidencialidad
Foto: Getty.
Madrid

Los asesores fiscales españoles, como el resto de sus colegas europeos, tendrán a partir del 1 de julio de 2020, la obligación de avisar a Hacienda cuando tengan la sospecha de que alguno de sus clientes tenga en mente o en marcha la elaboración de mecanismos de planificación fiscal agresiva. Así, se establece en la Directiva 2011/16/UE de Cooperación, conocida coloquialmente, como DAC 6, cuyo texto acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros y será enviado al Parlamento para su transposición, junto con su reglamento, el manual de uso.

Se trata de una normativa de la UE, que permite un nivel de exigencia distinto en cada uno de los Estados y que carece de concreción sobre lo que es sancionable y lo que no, lo puede llegar provocar que el contribuyente deje de beneficiarse, por miedo o por prudencia, de ventajas fiscales dentro de la legalidad más absoluta. Se trata de medidas preventivas de Hacienda, que pueden llegar a provocar, más allá de la persecución del fraude fiscal, un descalabro económico y una violación de la economía de opción.

"En la práctica, la norma obliga a dar toda la información patrimonial a la Administración Tributaria sobre operaciones con algún componente extranjero y que se puedan considerar- según su criterio- defraudatorias o agresivas, aunque paradójicamente no lo sean", en definición de Gustavo Yanes, tax partner de Monereo Meyer Abogados.

Todo en el aire

Se trata de una norma, amalgama de distintas normativas europeas, que va a crear una enorme inseguridad jurídica, a falta de conocer el texto definitivo (aunque ya se han conocido diversos borradores más o menos similares), que actualmente se guarda como un gran secreto, a pesar de que las principales corporaciones de asesores fiscales los han solicitado para poder preparar alegaciones.

El principal problema, lo plantea la falta de definiciones. A este respecto, Stella Raventós, presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), comenta que existe una carencia absoluta de definiciones, lo que lleva a que cada asesor fiscal interprete lo que es obligado informar y lo que no.

Lo mismo sucede a la hora de interpretar quien está obligado y quien no a comunicar a Hacienda, cuando en una operación compleja intervienen varios asesores, incluso de diversos países, que acceden parcialmente alas actuaciones. Finalmente, se intuye que el responsable tendrá que ser el cliente o quien Hacienda interprete que es merecedor de la sanción por no haber informado. A la espera de conocer el texto definitivo todo está en el aire.

De las alternativas de transposición entre las que deben elegir los Estados miembros (más rígidas o más laxas), los asesores fiscales han recomendado como conveniente, que, en su adaptación al Derecho interno de los diversos Estados, la normativa de transposición adopte una posición de mínimos, limitándose a incorporar la obligación de información sobre aquellos esquemas transfronterizos que resultan exigibles de conformidad con la Directiva.

La desconfianza ante el secretismo de Hacienda sobre el texto aprobado, lleva a que buena parte de los asesores fiscales consultados, crean que en la transposición se mezcla la necesidad de cumplir plazos (debía estar transpuesta en diciembre de 2019), con un interés por aprobar una norma que puede dar muy buena imagen al Ejecutivo, puesto que se trata de perseguir a quien pretende llevarse el dinero del país en busca de una tributación más ventajosa.

Sin embargo, existe miedo entre los asesores fiscales y los empresarios de que no se respeten derechos fundamentales como el secreto profesional, el de no autoinculparse, o el de buena administración.

El problema de esta directiva es que cada Estado la va adaptando a su propia tradición legislativa. Así, uno de los asuntos más peliagudos es el referido al secreto profesional, que como recuerda Jesús San Martín, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), en unos países está muy regulado y en otros nada de nada. Por ello, con la entrada en vigor de la norma, los asesores fiscales se plantean solicitar a sus clientes la renuncia expresa de la confidencialidad, a los efectos de poder revelar los esquemas potencialmente agresivos.

El problema del secreto profesional genera muchas dudas entre los asesores, fundamentalmente para los que trabajan en empresas transfronterizas, ya que en los Estados donde se defienda el secreto profesional habrá más posibilidades de que se realicen operaciones, lo que redundará en contra de aquellos que se encuentren en Estados con una transposición más inquisitorial. Así, la quiebra de la aplicación uniforme de la DAC 6 entre los Veintisiete se produce porque la Directiva recoge diferentes acepciones de la condición de la dispensa en función de su versión lingüística; porque el secreto profesional se regula de forma distinta en cada Estado y con diferente alcance, fundamento y contenido; porque en cada Estado el secreto profesional ampara a intermediarios fiscales distintos; y, porque cada Estado tiene la facultad para dispensar a los intermediarios fiscales de informar o no, y es posible que no todos ejerzan dicha facultad, que la ejerzan de forma dispar o con alcance distinto.

Como ha manifestado la Aedaf, esta quiebra de la uniformidad en la aplicación del Derecho de la UE pone en tela de juicio la efectividad de las medidas y genera desconcierto en torno a las consecuencias de la dispensa, que dependerán no del análisis objetivo del mecanismo, sino de los Estados. Una situación de inseguridad jurídica manifiesta.

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forum Comentarios 11

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Usuario validado en elEconomista.es
pvallejuelo
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Al pseudo gobierno sociocomunista se le ha olvidado legislar que los confesores le cuenten las cosas a los inspectores de hacienda y trabajo pero ya se les ocurrirá y luego que los abogados defensores les digan los planes de defensa a los fiscales.

Todavía no se han dado cuenta sus votantes de la que han armado por votar a sus colores y no con la inteligencia

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#1
yo
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Si yo soy conocedor de un delito tengo la obligación de denunciar, sea el que sea. Sea un desgraciado que roba frutas en el campo o sea un personaje prestigioso que evade impuestos.

Tanto defender a los sinvergüenzas, que ya estáis muy vistos.

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#2
Pepe
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Esto es como cuando los notarios no se dan cuenta cuando va un viejete con alzeimer a cambiar el testamento y dejar sus bienes a las monjitas o a los dueños de la residencia donde lo tienen metido.

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#3
John
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Acaban de enviarme un nuevo contrato. He perdido a mis asesores fiscales y he ganado un gestor que sólo me asesorará, mediante un blog general, en asientos contables según la ley general de la contabilidad y un servicio de urgencias para reparación de calderas y temas de la comunidad de vecinos.

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#4
John
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Como se llamaba aquella peli. Coge el dinero y corre?.

Que es broma, que ya no están.

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#5
j.f
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Totalmente de acuerdo .....los alcaldes deben denunciar a aquellos que cobren ayudas de forma fraudulenta.....los sindicatos deben denunciar a los trabajadores que se escaquean del curro.....los médicos deben denunciar a los que cogen bajas fraudulentas..etc. etc. etc.

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#6
Mafias de golpe en pecho.
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Nº2

Se desprende de lo que dices, que todo aquel que va en contra de esta nueva norma, es un delincuente, cosa en la que estoy de acuerdo contigo. Pero los ideólogos que permiten mediante ingeniería fiscal y judicial estas tropelías, son tan delincuentes o mas, que a los que asesoran.

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#7
maqui
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JAJAJAJA, inseguridad jurídica por utilizar el Estado a los asesores fiscales como cómplices para acabar en lo posible el fraude fiscal y seguridad jurídica es utilizar a los asesores fiscales como cómplices de los defraudadores. Estos "liberales" son de coña...

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#8
Vicente
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A yo y todos los partidarios de la gestapo fiscal:

No veo que tenga implicaciones proto-directas por la cosificación de la sociedad a nivel psiquico-colectivo-sintético. Las intencionalidad directivo-mesoplatónica, bajo el punto de vista de la casuística de ideas-fuerza emitidas radialmente por impulsos psico-performados, suele inducir a prototipos mentales y abstracciones centrífugas de la jurisprudencia comparada. Por ese motivo, considero un error multi-inferido, la asunción de estrategias caracterizadas por un diseño espiro-modal y anti-algorítmico. Lo siento, pero eso

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#9
Usuario validado en elEconomista.es
pvallejuelo
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Al #2 yo.- creo que según tu comentario e ideas entonces los abogados deben denunciar a sus clientes y contarles las cosas de estos a los fiscales, en resumen veo que no eres más tonto porque ni siquiera estudias

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#10
JonS
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"Mecanismos de planificación fiscal agresiva .... ", o sea, en lengua vulgar, planes para cometer fraude fiscal. "Inseguridad jurídica.....". Ningún problema. Que los asesores comunique todo lo que sus clientes pretenden hacer, muy en particular, "los mecanismos agresivos" y Hacienda ya decidirá lo que es un fraude y lo que no.

Puntuación -1
#11