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Juristas presentan una queja al Defensor del Pueblo por la vulneración de derechos constitucionales por el estado de alarma

  • Consideran que las normas aprobadas por el Gobierno son inconstitucionales
Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo. E. Senra

Un grupo de Juristas ha presentado este domingo una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar lo que consideran la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia con motivo de la declaración del estado de alarma en todo el país.

Entre los firmantes se encuentran catedráticos de Derecho Constitucional, profesores universitarios, ex jueces y abogados que solicitan al Defensordel Pueblo que formalice la interposición imediata de recurso de inconstitucionalidad y de amparo frente a la normativa desarrollada por el Ejecutivo desde que se declarase el estado de alarma.

Basan sus argumentos, entre otras razones, en que "la suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos  fundamentales consagrados en nuestra Constitución no encuentra cobertura jurídico-constitucional en el estado de alarma, que únicamente consiente la modulación razonada, proporcional, y limitada tanto en el tiempo como en el espacio de alguno de ellos, y únicamente en tanto esta sea consecuencia ineludible de la necesidad de asegurar la eficacia de las medidas que permite adoptar a la autoridad competente.

Sin embargo -razonan-, "no es esa la impresión que se obtiene de la atenta lectura de las disposiciones citadas del RD 463/2020 de 14 de marzo, en las que se contienen lo que a todas luces parecen ser autenticas suspensiones de derechos, de alcance cuasi universal, apenas matizadas por la contemplación de algunas excepciones a su aplicabilidad. Lo que cabalmente sitúa al mismo fuera del marco constitucional y de la habilitación legislativa". 

La queja se sustenta en una grave preocupación por el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades que los españoles se han dado, centra su análisis en las también graves deficiencias jurídicas que presenta el sistema normativo puesto en marcha por el Gobierno a partir de la declaración del estado de alarma, que incluye:

1. La efectiva suspensión de la libertad de circulación.

2. La suspensión de los derechos de reunión y manifestación.

3. La suspensión y paralizacióndel normal funcionamiento del Congreso de los Diputados y del sistema de control político sobre el ejecutivo.

4. La suspensión del derecho de libertad religiosa.

5. La suspensión del ejercicio del derecho de la libertad de empresa.

6. La legalidad de la Operación Balmis.

7. La legalidad de las medidad adoptadas por Instituciones Penitenciarias.

8. Los estudios impulsados por el Ejecutivo basados en la geolocalización masiva de todos los ciudadanos.

9. El Incumplimiento d ellos tratados internacionales suscritos por España en cuanto al libre desarrollo de las funciones diplomáticas y consulares.

Una queja que supone un cuestionamiento a toda la normativa vigente por la que los ciudadanos se encuentran confinados y casi medio millón de ciudadanos han sido duramente sancionados por incumplir. Y que naturalmente se plantea desde el expreso reconocimiento del esfuerzo que vienen realizando todos y cada uno de los profesionales - y el conjunto de la ciudadanía- que a diario contribuyen a la lucha por la erradicación de esta lacra que asola nuestro país.

Se espera del Defensor del Pueblo que analice los motivos de la queja y, en defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de este país, proceda a presentar los correspondientes recursos para que el Tribunal Constitucional analice si las normas denunciadas son o no constitucionales.

Los firmantes de la queja son: Carlos Flores Juberías, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela; Carlos Vaquero López, ex juez, profesor universitario y abogado; Santiago Carretero Sánchez, profesor universitario y abogado; Miguel Ángel Salom, graduado social y abogado; Rafael Abati Gª-Manso, abogado; Y Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez, abogado.

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