El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) prevé que se van a presentar "centenares de miles de procedimientos contencioso-administrativos" contra el Gobierno y las Administraciones cuando concluya el estado de alarma.
Por ello, la Cúpula Judicial ha propuesto al Ministerio de Justicia la legitimación de sindicatos y asociaciones para la defensa de derechos e intereses de afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, lo que les permitirá presentar demandas multitudinarias contra el Gobierno y las distintas Administraciones.
La Cúpula Judicial justifica esta propuesta en que "la medida permitirá resolver en un único procedimiento lo que de otra manera podrían ser reclamaciones que darían lugar a decenas, centenares o miles de procedimientos".
Las plataformas de afectados por el coronavirus, como la que promueve Lex Abogados, especialistas en negligencias médicas, han optado por recurrir por esta vía, descartando la penal, que consideran bastante complicada.
Considera el CGPJ en su propuesta al Plan de Choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma que ante esta situación excepcional no entienden aventurado prever que en el momento en el que se levante el estado de alarma "se producirá una situación inédita y excepcional en nuestros juzgados y tribunales, ante la que es necesario estar preparados para mitigar, en la medida de lo posible, sus efectos negativos".
En materia de recursos por inclumplimiento de contratos públicos, los jueces prevén una cascada de demandas, por lo que proponen imponer la vía previa a través de los órganos administrativos de resolución de recursos especiales en materia de contratación para tratar que el máximo posible de controversias se solucionen en vía administrativa, sin necesidad de llegar al contencioso-administrativo.
Junto a la actividad judicial suspendida prevé la Cúpula Judicial "un incremento de la litigiosidad derivada de la propia emergencia sanitaria, así como del impacto socioeconómico de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, como despidos, Ere, Erte, procedimientos de Seguridad Social, concursos de persona física y jurídica, impagos, desahucios, procedimientos de familia, sanciones impuestas por el confinamiento, entre otros". Es decir, se espera una avalancha de litigios en todas las jurisdicciones.
Hacienda cobrará todas las multas
Los Jueces quieren poder recabar el auxilio de los servicios de Hacienda para que gestiona y exija el pago de las multas y de la responsabilidad civil por el procedimiento administrativo de apremio.
Así, se evitaría la disparidad de ejecuciones que tiene lugar en los juzgados españoles, unificaría y ordenaría los procesos de ejecución y liberaría a las oficinas judiciales y a los letrados de Justicia.
Explica el CGPJ que es claramente previsible que las medidas adoptadas para combatir el Covid-19 van a tener repercusión en materia sancionadora (infracciones de las medidas de contención, entre otras), en materia contractual (la mayor parte de los contratos del sector público han quedado suspendidos, con un régimen específico de indemnización o reequilibrio que puede convertirse en foco de conflicto), en materia expropiatoria (se han producido un número importantísimo de medidas de requisa y adscripción de medios personales de terceros a los que se refiere el artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa que generará conflictos en materia de valoración).
También, lo serán sobre responsabilidad patrimonial (como consecuencia de las medidas), en materia de personal de las Administraciones Públicas (tanto por razón de las medidas adoptadas como las que posteriormente se adopten para remontar la situación) o en materia tributaria y de ayudas del sector público (por la situación en la que quedarán particulares y empresas), entre otras.
Además, la pandemia va a producir un impacto de gran magnitud en el funcionamiento de la jurisdicción social, encargados de resolver los conflictos individuales y colectivos. Sobre esta jurisdicción propone el CGPJ un Plan extraordinario de urgencia nacional para apoyar a los jueces, como consecuencia de los recursos por las medidas adoptadas.
Además del efecto sobre la salud, el CGPJ piensa que el Covid-19 requerirá de los tribunales de lo Mercantil un esfuerzo excepcional que facilite la continuidad de muchas empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis, obtener el máximo rendimiento económico de los activos, salvar el tejido industrial y la conservación de los puestos de trabajo, en la medida de lo posible.
La jurisdicción civil será una de las más afectadas. Los órganos judiciales recibirán un importante número de procesos concursales, de procesos que afectarán a la vida de los contratos tras la situación de confinamiento o de pretensiones del ámbito del derecho de familia, con riesgo de colapso judicial.
La penal, la vía más madrugadora
En el capítulo penal, que se plantea como el más complicado para los bufetes de abogados que estudian estos días sus recursos, la gestión del coronavirus va a concentrar el mayor número de demandas, fundamentalmente entre los familiares de los fallecidos, fundamentalmente los de aquellos y más explicitamente entre los de las personas que fallecieron en residencias de mayores.
Así el sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado ante el Tribunal Supremo a los miembros del Gobierno por homicidio imprudente al no haber seguido las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no hacer acopio de material de prevención.
En esta misma línea, diversos colectivos médicos están preparando sus querellas contra el Gobierno y las comunidades autónomas. También, grupos de enfermeros que han empleado mascarillas sin protección suficiente entregadas por el Ministerio de Sanidad, están trabajando con sus abogados para plantear querellas, por delito de omisión y lesiones.
Muchos de estos colectivos cuentan con autos en los que demandaron medidas cautelares para que se les dotase de medios de protección para trabajar, que serán pruebas en los procesos.
Asociaciones de afectados
En esta tesitura se encuentran las solicitudes para constituir asociaciones de afectados, como la que ha solicitado el abogado Víctor Valladares, que cuenta con el respaldo de más de 5.000 personas, y que ha denunciado a Sánchez por permitir las marchas del 8 de marzo y otros eventos multitudinarios a pesar de las advertencias del Centro de Europeo para el Control y la prevención de Enfermedades.
La denuncia está presentada ante el TS y otros juzgados y a la espera de su admisión a trámite y en ella se acusa a Sánchez y a los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas por prevaricación. Juzgados de Instrucción, como el 51 de Madrid, han abierto diligencias.
La juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retirar el delito de lesiones imprudentes por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras recibir un informe del médico forense que descarta "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, y los contagios por coronavirus.
A pesar de ello, la juez Rmantiene la investigación abierta por el delito de prevaricación por el que el abogado Víctor Valladares interpuso la denuncia contra Franco por permitir "77 reuniones multitudinarias", destacando el 8M, a pesar de que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 un informe sobre el riesgo de contagio de Covid-19.
También han anunciado querellas ante el Tribunal Supremo la Asociación Española de Abogados Cristianos contra los miembros del Gobierno por omisión del deber de socorro y prevaricación. Y por homicidio imprudente la plataforma organizada por José Ignacio Sánchez Rubio, a la que se han sumado 228 abogados y 14 procuradores de muchos lugares de España.
Por su parte, Vox, acostumbrado a los macrojuicios, ha denunciado ante las fiscalías provinciales para que se investigue la gestión de la crisis del coronavirus y pide que se investigue la gestión de los protocolos que afectan a las personas mayores. También ha demandado a Torra y al Ejecutivo de la Generalitat catalana por prevaricación.
