Alberto Dorrego: "La ejecución de los Fondos Next Generation es una oportunidad perdida para la transformación económica del país"

"El nivel de ejecución de los Fondos Next Generation en España es bajo, muy bajo, lo que es imperdonable, porque supone una oportunidad perdida para la transformación económica del país y se debe, fundamentalmente, a razones esencialmente administrativas y deficiencias en la gestión", según ha afirmado Alberto Dorrego, presidente de la Sección de Derecho Administrativo del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y socio de la firma de abogados Eversheds Sutherland .

En un nuevo 'explainer' jurídico, una jornada de formación organizada por el ICAM y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), Dorrego ha explicado que la legislación actual, transpuesta de la legislación comunitaria, especialmente la Ley de Contratos del Sector Público, es "demasiado compleja y está diseñada para no contratar o gastar poco".

Para Dorrego, "esta arquitectura legal, lejos de garantizar mayor transparencia, genera una burocracia desmedida con consecuencias nefastas, como es el aumento de costes, una menor concurrencia a las licitaciones, adjudicaciones eternas y la perdida de los citados Fondos europeos.

Esta complejidad, ha señalado, incrementa drásticamente los costes para las empresas que desean licitar y reduce la concurrencia en los procesos, con muchos contratos de gran envergadura recibiendo la oferta de un solo candidato. La burocracia excesiva, lejos de garantizar mayor limpieza o transparencia, genera procesos que pueden demorarse hasta dos años, desactualizando precios y ofertas.

La complejidad del proceso de licitación eleva muchísimo los costes para las empresas, lo que a su vez reduce la concurrencia en todas las licitaciones." Es habitual ver contratos de gran importe con un único candidato", ha explicado el letrado.

Un contrato de cierta complejidad puede tardar "casi dos años" en adjudicarse. Esto provoca que los precios se desactualicen, las ofertas pierdan validez y los estudios técnicos caduquen, obligando a prórrogas de contratos anteriores.

Errores en la Gestión y Consecuencias Irreparables

Dorrego lamenta que no se haya creado una normativa específica y propia para la gestión de estos fondos, una demanda expresada por numerosos profesionales e instituciones. Además, critica la falta de una mayor descentralización en la gestión y una escasa colaboración público-privada, optando en su lugar por un "mecanismo súper administrativo" para canalizar la mayoría de los fondos a través de entidades públicas.

En cuanto a los mecanismos de supervisión, ha señalado que "la Intervención General del Estado (IGAE), un órgano "muy poderoso" e "históricamente muy independiente", ha establecido directrices y protocolos útiles para agilizar expedientes. Sin embargo, estas medidas no han solucionado el problema de fondo en la ejecución de los Fondos Next Generation.

El papel de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y de la Fiscalía Europea será "muy relevante". Dorrego asegura que las posibles malas prácticas o fraudes en la gestión de estos fondos, al implicar intereses financieros de la Unión Europea, "acabarán aflorando con toda seguridad" dentro de unos años y serán competencia de estas entidades, así como de la propia Comisión Europea.

Malas Prácticas en el Laberinto Burocrático

Dorrego ha explicado también que, aunque la mayor parte de la contratación pública en España es "limpia", existen fallos estructurales que permiten malas prácticas. Estas suelen ocurrir en dos fases principales, como son la de Preparación y Adjudicación y en la Fase de Ejecución del Contrato.

Así, en la primera de las fases pueden darse situaciones en las que se establezcan criterios de solvencia o valoración de ofertas que favorecen a una empresa en particular, incluso predefiniendo una tecnología o capacidad específica.

En otros casos, una empresa puede recibir información sobre el proceso de licitación con meses de antelación, lo que le otorga una ventaja decisiva sobre sus competidores. Dorrego señala que incluso se ha detectado el caso de una empresa que elabora los pliegos de una licitación en la que luego se presenta, lo cual está "prohibido expresamente en la ley" y "eso invalida el contrato".

Y, finalmente, en esta primera fase pueden darse caso de manipulación de la Valoración Técnica. La clave, según Dorrego, reside en las comisiones técnicas de valoración. Estos expertos o funcionarios otorgan puntos basados en criterios "subjetivos" (juicios de valor técnico) que son determinantes para la adjudicación y muy difíciles de rebatir en los tribunales. "La independencia política y la ausencia de conflictos de interés de estos valoradores son la clave" y el corazón del problema, ha afirmado.

En cuanto a la fase de Ejecución del Contrato, aunque menos frecuente en cuanto a grandes fraudes, pueden detectarse malas prácticas en las modificaciones indebidas de los contratos.

Procedimientos que se prestan al fraude

Dorrego también ha explicado el uso indebido de procedimientos que, aunque legales, se prestan al fraude. Así, ha destacado los contratos Menores, que, aunque su finalidad es agilizar compras de poco importe (hasta 15.000 euros para servicios y suministros o 40.000 euros para obras), el fraccionamiento de contratos (dividir uno grande en varios pequeños para eludir la publicidad) es una práctica "prohibida" y "muy frecuente". Sin embargo, Dorrego aclara que estas "son feas, pero pequeñas" en comparación con los contratos millonarios.

Por otra parte, ha señalado los procedimientos negociados sin publicidad, que está permitidos en casos específicos como licitaciones fallidas o prestaciones exclusivas, como, por ejemplo, ocurre con ciertos medicamentos con patente única, pero su abuso también constituye una mala práctica.

Y en la misma línea se encuentran los contratos de emergencia, que se diseñan para situaciones "absolutamente excepcionales" (desastres, seguridad) y su uso indebido es una mala práctica, aunque su empleo es menos común que el de otras prácticas.

El letrado ha recordado que la propia Unión Europea, tras la publicación de informes como el de Letta o Draghi, está en un proceso de revisión de su legislación de contratación pública buscando "simplificarla", pues "más burocracia no supone más limpieza".

Finalmente, el experto subraya el "papel clave" de la prensa en la lucha contra la corrupción. "La realidad es que las malas prácticas de verdad quien las ha acabado detectando siempre en España son los medios de comunicación", a menudo a partir de "gargantas profundas" que proporcionan información para ser investigada.

Finalmente, Dorrego ha informado de que el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), por su parte, está impulsando una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar los servicios jurídicos al elenco de prestaciones intelectuales (como la arquitectura o ingeniería), de modo que el precio no sea el único factor determinante.

Con esta iniciativa también se busca excluir los contratos de defensa jurídica de la Ley de Contratos Públicos ordinaria, dado que la "relación de confianza" entre abogado y cliente es "incompatible" con una licitación pública.