Salvador González, presidente de la Abogacía: "El respeto que exigimos para el derecho de defensa lo proclamamos para la independencia judicial"

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, donde ha ejercido como profesor asociado de Derecho Mercantil. Presidente del Colegio de la Abogacía de Málaga, el 19 de julio de 2024 tomó posesión como Presidente del Consejo General de la Abogacía Española. Es actualmente Consejero Nato del Consejo de Estado.

El panorama jurídico español bulle con una transformación sin precedentes, y la Abogacía se alza como actor clave. Desde la urgencia de regular plataformas que defraudan a ciudadanos vulnerables, pasando por el histórico refuerzo del amparo colegial para proteger a los letrados, la profesión navega un mar de novedades. La avalancha normativa y la compleja relación con la Administración Pública son desafíos constantes, mientras la tecnología redefine el ejercicio. El Consejo General, además, mira con preocupación la situación de la previsión social de sus veteranos, en una lucha generacional por la dignidad y el futuro. Sobre ello hablamos con el presidente del Consejo General.

Denuncian que las plataformas defraudan a los clientes. ¿Cree necesaria una regulación como se ha hecho con las 'fintech'?

Consideramos, sin lugar a dudas, que sería conveniente una regulación clara para estas plataformas, de manera similar a como ya ocurre en el sector financiero con las 'fintech'.Existe un marco legislativo que debería operar y que, lamentablemente, presenta serias lagunas. Nuestra Ley de Sociedades Profesionales, por ejemplo, quizás necesite una revisión urgente, porque en estos momentos, sociedades y profesionales extramuros de la abogacía están ofreciendo servicios legales que no deberían ofrecerse, y esto genera graves perjuicios.

Constantemente, recibimos en nuestros Colegios y en el Consejo reclamaciones de ciudadanos y de organismos que se sienten defraudados por la respuesta o la falta de respuesta que obtienen a través de estas plataformas. Uno de los casos que más se repite y que nos produce un enorme desvelo es la situación de las plataformas que abordan el tema de la Segunda Oportunidad.

Estas plataformas nacen, desaparecen y vuelven a nacer, pero en su ciclo van defraudando a quienes se encuentran en situaciones de profunda vulnerabilidad. Hablamos de clientes que están en momentos críticos, pensando cómo iniciar una nueva vida con un cúmulo insostenible de deudas, buscando desesperadamente una oportunidad. Y es precisamente en esa fragilidad, donde se les ofrecen servicios sin unos mínimos de calidad, sin unos mínimos de requisitos deontológicos que nuestra profesión exige. Es una situación que va contra la esencia de la Abogacía, contra lo que nos define y lo que nos debe ser exigido por el Legislativo y por la Justicia.

¿El Reglamento de Amparo viene a proteger al abogado de perturbaciones externas?

Absolutamente. El Reglamento de Amparo es un punto fundamental y decisivo para la Abogacía. Lo hemos aprobado en un Pleno del Consejo General y se convertirá en un cauce formal para la solicitud de amparo por parte de los colegiados que se vean perturbados en el ejercicio de la profesión. Su implementación busca procurar que el ciudadano de a pie tenga más derechos y más posibilidades de defenderlos a través de sus abogados y abogadas.

Aunque el amparo colegial se ha venido haciendo toda la vida, este Reglamento lo refuerza y lo oficializa. Ahora, los colegios lo harán con el apoyo de una ley orgánica que lo prevé y con la obligación que tienen los organismos a los que se dirigen los colegios para que respondan a sus solicitudes. Esperamos que este mecanismo de amparo resuelva muchas perturbaciones al ejercicio profesional, intervenciones en juicio e injerencias de todo tipo que puedan producirse en la labor. Además, el Reglamento se enmarca en un convenio para la protección de la abogacía que acaba de aprobar el Consejo de Europa, y que esperamos que el Estado español ratifique lo antes posible.

La idea detrás de este convenio es que para proteger el Estado de Derecho, hay que proteger a la abogacía como elemento y parte esencial de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Este convenio le da un valor importantísimo a que se respete el secreto profesional y la libertad de expresión de los abogados y abogadas en el ejercicio de su profesión. Hablando de actualidad. ¿Cuál es la posición de la Abogacía ante el caso del Fiscal General del Estado que vivimos?

El Consejo ya se pronunció con contundencia sobre este tema cuando se conocieron los hechos. Lo dijimos de manera unánime en el Pleno, y lo reitero, la difusión del contenido concreto de comunicaciones, en este caso los correos entre el Ministerio Fiscal y la defensa de un investigado, supone una clara vulneración de la garantía de confidencialidad en las comunicaciones entre las partes que este Consejo rechaza y condena.

Este fue un hecho grave por eso pedimos que se investigase en todos sus extremos. Ahora contamos con una Ley Orgánica del Derecho de Defensa impulsada por la Abogacía, que es una garantía básica de nuestro estado de derecho. Esa ley nos obliga a proteger de manera escrupulosa tanto el secreto de las comunicaciones como cualquier valoración sobre la culpabilidad o inocencia de un investigado hasta que exista sentencia. Cuestionar la presunción de inocencia es cuestionar el pilar en el que se basa el ejercicio del derecho de defensa.

¿Qué valoración hace del último auto del TS y sobre la posición en la que queda?

El mismo respeto que exigimos para el derecho de defensa lo proclamamos para la independencia judicial. No podemos permitir, porque está mucho en juego, los importantes riesgos que supone el cuestionamiento recurrente por parte de la política sobre los pronunciamientos de los jueces. Por otro lado, quiero dejar claro que, como abogados y abogadas, trabajamos a diario con jueces y fiscales, que hacen su labor con absoluta solvencia, independencia y autonomía.

Estamos muy preocupados con todo lo que está sucediendo, ya que está perjudicando notablemente a la imagen del conjunto del sistema de justicia y que está ocultando los verdaderos problemas cotidianos a los que la ciudadanía se enfrenta cada día en los juzgados. Afrontamos problemas graves como los retrasos en el funcionamiento de Justicia, la implantación de nuevas reformas procesales y modelos de organización, la renovación de la justicia gratuita y nuestro empeño en que se solucione el problema de la previsión social y no podemos ni debemos demorarnos más en todos ellos.

¿Cómo afecta la avalancha normativa que vivimos en la actualidad a la seguridad jurídica y práctica profesional?

Nosotros percibimos un fallo en la gestión del cambio: las leyes se publican sin la formación, divulgación o mecanismos de apoyo necesarios para una adaptación efectiva de los profesionales. Ante este panorama, la formación continua no es solo una exigencia, sino una necesidad imperativa. Los abogados debemos recalificarnos constantemente para poder ejercer la profesión de forma competente. Preferimos hablar de incertidumbre más que de inseguridad jurídica.

Esta se manifiesta en la falta de claridad sobre cómo se aplicarán e interpretarán inicialmente las nuevas normas. Para mitigarla, es crucial la aplicación y las primeras interpretaciones de la ley, así como una participación activa de todos los operadores jurídicos para aportar certezas.

El objetivo final es garantizar la mayor certidumbre posible al ciudadano al iniciar un procedimiento o tomar una decisión. Aunque el Consejo de la Abogacía carece de potestad normativa, buscamos colaborar activamente en la implementación de las nuevas regulaciones para ofrecer seguridad jurídica y certidumbre tanto a ciudadanos como a profesionales.

De hecho, hemos trasladado diez propuestas a las Administraciones de justicia, tanto a las comunidades con competencias transferidas como al Ministerio de Justicia, con el objetivo de mejorar la aplicación y la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia. Sin embargo, el Consejo no tiene conocimiento de que ninguna de estas propuestas se haya implementado de forma efectiva. Un elemento fundamental de este decálogo de propuestas del Consejo se refiere precisamente a la gestión del cambio, porque como he señalado, las leyes se publican sin la formación, divulgación, sensibilización o mecanismos necesarios para que los profesionales podamos adaptarnos a los cambios.

¿Se plantea el Colegio un examen de recualificación, como en otros países?

Nosotros estamos en el ámbito de la de la formación continua. Si uno pasa por cualquiera de los 83 colegios, incluso con apoyo desde el Consejo, verá la ingente cantidad de actividades formativas que se dan, por eso, no es que se deba exigir la formación, es que no se puede ejercer esta actividad sin formación continua. La avalancha normativa obliga a estar constantemente recalificándote. Estamos en un proceso que podía ser ilusionante, pero que requiere de actualización, de modernización, pero que también requiere medios. Le hemos dicho al Ministerio que es necesario mejorar el servicio de Justicia, es preciso mejorar unas estructuras que están ancladas muy en el pasado. Las cosas no se hacen solas.

¿Cómo afronta el Consejo la precarización de los jóvenes abogados?

El ejercicio de la abogacía, hoy más que nunca, presenta un panorama desafiante para todos sus profesionales. Sin embargo, las dificultades se acentúan de forma particular en determinados segmentos de la profesión, generando una preocupación creciente en el Consejo General de la Abogacía Española. La dificultad del ejercicio hoy en día es para todos.

El inicio profesional, en cualquier ámbito, es siempre arduo. Es cierto que los más jóvenes poseen fortalezas innatas en el manejo de la tecnología y una mayor habilidad para adaptarse a un mundo cada día más complejo y digitalizado. Esto les permite afrontar los desafíos con importantes puntos a su favor. Sin embargo, el foco de la preocupación se sitúa en los abogados de mayor edad. Estamos viendo más problemas en los abogados de mayor edad que a veces tienen más dificultades en adaptarse a los cambios tecnológicos, a los cambios normativos también.

A esto se suma un "problema sangrante que afecta directamente a su previsión social: la mutualidad. La regulación que el Estado ha establecido, desde hace muchos años, para la previsión social de estos profesionales los ha colocado en una situación lamentable. A pesar de estas preocupaciones, el Consejo de la Abogacía mantiene un firme compromiso con los jóvenes profesionales. Por supuesto que estamos con los jóvenes; ellos tienen un impulso importantísimo en todo el ámbito tecnológico, en todo el ámbito de sus carteras de prestación de servicios, su adaptación al mercado.

La colaboración con la abogacía joven es constante. Su representación está presente en las Jornadas de Juntas de Gobierno, conscientes de la importancia que tienen para el presente y, sobre todo, para el futuro de la profesión. La sinergia entre la experiencia de los abogados veteranos y el empuje innovador de los jóvenes es vista como un pilar esencial para afrontar los retos venideros de la abogacía.

¿Cómo está el asunto de las pensiones de quienes esperan una pasarela al Reta?

El Consejo prioriza la defensa de los derechos de aquellos compañeros cuya previsión social se ha visto comprometida, luchando por la dignidad de toda la profesión. No habrá recalificación. de conocimientos como están haciendo en otros países.

El abordaje de la situación de la mutualidad se ha establecido como una prioridad fundamental en el mandato actual del Consejo. La situación es crítica: Nos preocupa mucho la situación de determinados compañeros que están ya cerca de la jubilación, pensando en la jubilación, retrasando la jubilación porque no tienen una respuesta digna a qué va a pasar con sus pensiones.

Son compañeros que han cotizado durante 35, 45 años y que no tienen una solución para su futuro. Impulsar una solución es, por tanto, una de las principales líneas de acción del Consejo.