
El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido el recurso interpuesto por el Gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por Emiliano García-Page, contra el nuevo impuesto a la banca, según informa Efe.
El Ejecutivo manchego remitió la cuestión de inconstitucionalidad a finales de marzo al considerar que el criterio que va a aplicar el Gobierno central para repartir los ingresos obtenidos por este impuesto entre las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) es insolidario. Los planes de la Administración central es distribuir la recaudación en función del PIB de cada autonomía, de modo que Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía, por este orden, serían las grandes beneficiadas.
El actual reparto perjudica a la región en 15 millones, ya que si se tiene en cuenta el PIB le tocarían unos 60 millones, pero si se miran otros criterios como la población ajustada, serían 75 millones.
Este tributo se aprobó en diciembre dentro de la ley que sacó adelante el nuevo impuesto a multinacionales. Es una continuación del gravamen temporal a la banca aprobado en 2022 para dos años. Grava los ingresos obtenidos por las entidades por el margen de intereses y las comisiones.
El Constitucional aún no se ha pronunciado sobre el anterior gravamen, que también fue recurrido por las patronales bancarias.
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