Madrid
Durante 2024, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 35 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 108 personas físicas y 38 personas jurídicas (empresas o entidades), que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.
En total, los órganos judiciales dictaron 51 sentencias en todo el territorio nacional.
Estos datos sobre procedimientos por corrupción figuran en el repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la incorporación de la información correspondiente al año 2024 y a su último trimestre.
La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, contra el patrimonio, prevaricación de funcionarios públicos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y delitos de corrupción en los negocios.
Del total de los 35 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2024, ocho corresponden al cuarto trimestre del año.
En cuanto a las personas acusadas en este tipo de procedimientos, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 23 de ellas en el último trimestre del año pasado.
Sentencias condenatorias
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 51 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 30 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 58,82% de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 21 sentencias restantes, el 41,18% del total, eran absolutorias.
La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).
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