Los contribuyentes afectados por la anulación del 'modelo 720' exigen ante el Supremo que el Estado les indemnice

Los contribuyentes afectados por las liquidaciones que les aplicó la Agencia Tributaria por declarar los bienes en el extranjero a través del modelo 720 exigen ahora ante el Tribunal Supremo que el Estado les indemnice por daños.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tumbó el modelo 720 en enero de 2022 por vulnerar la libre circulación de capitales y por la desproporción de las medidas recaudatorias de Hacienda, que hizo tributar a estos contribuyentes por la presentación extemporánea de estas declaraciones (por ejercicios prescritos) y les impuso sanciones de hasta el 150% y recargos de hasta el 20% de la cuantía a ingresar.

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 320 millones a todos aquellos ciudadanos que habían recurrido las liquidaciones y por los años no prescritos, sin embargo muchos de ellos no las impugnaron dejando pasar el plazo de prescripción y perdieron la oportunidad de recuperar lo tributado de más tras el fallo de la justicia europea.

El abogado de DMS Legal, Alejandro del Campo y uno de los fiscalistas que llevó el 720 ante la justicia europea, inició un procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado para lograr una compensación por daños para estos ciudadanos. Del Campo solicitó primero ante el Consejo de Ministros la responsabilidad patrimonial, pero tras rechazarlo el Gobierno en dos ocasiones, en mayo y octubre de 2024, llevó el caso ante el Supremo.

"El tribunal fallará pronto, dentro de un par de meses o, como parte, después del verano", pronostica el abogado de DMS Legal.

La Abogacía del Estado defiende en la causa que estos contribuyentes no tienen derecho a que se les devuelva lo tributado por los años que dejaron prescribir ante su "negligencia" por no haber impugnado en su día las autoliquidaciones. Es decir, argumenta que si estos ciudadanos no les gustaba la ley deberían haber actuado contra ella. No obstante, Alejandro del Campo incide en que eso lo deberá dirimir el Tribunal Supremo.

La obligación de declarar los bienes en el extranjero nació de la ley encabezada en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El objetivo era que los contribuyentes afloraran las rentas que tenían fuera sin consecuencias (la conocida como amnistía fiscal)bajo la amenaza de que, de lo contrario, serían perseguidos en los años posteriores. Una vez que el TJUE declaró la ilegalidad del modelo, el Supremo obligó a Hacienda a devolver las liquidaciones, sanciones y recargos con intereses.