La Comunidad y el Colegio de la Abogacía de Madrid llegan a un acuerdo para incluir la mediación en los baremos de la justicia gratuita

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam), Eugenio Ribón, ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a publicar en breve la actualización de los baremos del turno de oficio (justicia gratuita) para incluir la mediación.

Según ha explicado, el Icam ha estado negociando con la Comunidad de Madrid desde que se publicó la Ley 1/2025, de Eficiencia Procesal de la Justicia, y han llegado a un acuerdo. La orden ya está elaborada y Madrid se posicionará como la primera comunidad en abordar y solucionar este tema.

Este anuncio se ha realizado en el transcurso una sesión formativa, dirigida a periodistas especializados en tribunales y justicia, organizada por el Icam y la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur). En ella, Ribón ha explicado que la nueva baremación incentivará la consecución de acuerdos en la fase previa del procedimiento, con una compensación para los abogados que alcancen acuerdos que será muy próxima a lo que hubieran cobrado por todo el pleito. El decano ha señalado que esta medida será beneficiosa para la justicia gratuita, los ciudadanos y los propios abogados.

En la jornada se ha abordado la falta de adecuación de los sistemas tecnológicos de los juzgados, lo que podría afectar la implementación general de la nueva ley, incluyendo a aquellos que acceden a la justicia gratuita.

Ester Mocholí, diputada 7ª del ICAM, ha mostrado preocupación porque si no se solventa adecuadamente la cuestión de la justicia gratuita en los MASC podría generarse una situación de desigualdad. Ella ha señalado que no puede ser que exista una diferencia de trato entre quienes tienen recursos y quienes no, ya que esto iría en contra del derecho universal a la justicia. Esto iría en contra del principio de acceso universal a la justicia. La iniciativa de la Comunidad de Madrid se presenta como un esfuerzo para evitar este problema.

El ICAM actuará como facilitador tanto para la mediación como para la negociación, y también para la designación de un tercero experto. Para esta última figura, el Colegio proporcionará un listado de profesionales cualificados para emitir informes o dictámenes en la materia.

Amparo Quintana, la experta en mediación del ICAM, ha explicado que existe también preocupación por la incertidumbre a la hora de ejecutar acuerdos alcanzados a través de los MASC. Se recuerda que actualmente hay un alto índice de resoluciones judiciales que no se cumplen, y se duda si este sistema evitará esa falta de ejecución. Además, la posibilidad de suspender la ejecución para acudir a la mediación genera el temor de que se dilaten aún más los procesos, perjudicando al acreedor

Se ha abordado la cuestión de quién correrá con los gastos en los procesos de mediación en el ámbito de la justicia gratuita. La respuesta indica que, en general, las partes deben acordar quién paga, y si no hay acuerdo, se establece por prorrata. En el caso específico de la Comunidad de Madrid, se ha llegado a una solución.

Finalmente, se ha comentado que la eficiencia del sistema de justicia, que se busca con esta reforma, también requiere de la asignación de fondos y recursos adecuados, lo que indirectamente impacta en la capacidad de ofrecer una justicia gratuita de calidad en el marco de los MASC.

Los cinco problemas básicos

Según Ester Mocholí, la ley plantea cinco problemas principales:

Desconocimiento de la norma: Existe una falta de formación y conocimiento en profundidad de los Medios Adecuados de Solución de Conflictos (MASC) tanto por parte de los profesionales de la abogacía, como de jueces y letrados de la administración de justicia. Esta falta de conocimiento puede ser un problema grave y llevar al fracaso del sistema si no se asiste adecuadamente a las negociaciones.

Problemas derivados de la justicia gratuita: Aunque el ICAM está trabajando para que no sea un problema, existe la preocupación de que la falta de una regulación adecuada en este ámbito pueda generar desigualdad entre quienes tienen recursos y quienes no, afectando el acceso universal a la justicia.

Los tiempos: El plazo de 30 días que se establece tras la propuesta de un MASC puede interpretarse como un término más de dilación, lo cual puede ser problemático en casos donde se requiere una resolución rápida, como en desahucios o reclamaciones de deudas. Aunque se produce una interrupción de la prescripción y suspensión de la caducidad, la percepción de un retraso adicional existe.

Confidencialidad y secreto: Existe incertidumbre sobre si otros profesionales, además de los abogados, tendrán suficiente conciencia de la importancia de la confidencialidad en los procesos de MASC. La posible quiebra de la confidencialidad podría dañar el sistema. Además, la coercibilidad impuesta a través de las costas en casos de mala fe no está suficientemente desarrollada, generando dudas sobre cómo se aplicará y sus posibles consecuencias en instancias posteriores.

Desequilibrio entre acreedor y deudor: En el caso de deudas líquidas, vencidas y exigibles, la imposición de recurrir a un MASC podría beneficiar más al deudor que al acreedor, obligando a este último a aceptar posibles quitas o mayores retrasos en el cobro. Esto plantea una cuestión sobre el principio del derecho en el ámbito de las obligaciones y contratos.

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