Desde la promulgación de la Ley de Dependencia en 2006 hasta el año 2023, se ha dado una intensa actividad normativa en el ámbito de la dependencia y la autonomía personal en España.
Durante este período, se han aprobado un total de 1.687documentos y normas legales relacionados con este tema, lo que refleja la evolución y la adaptación continua del sistema a las necesidades emergentes y a los cambios demográficos, según las conclusiones del informe Análisis de normativa sobre dependencia en España, 2006-2023, publicado por la Fundación Caser.
Las reformas han intentado abordar tanto las limitaciones financieras como los desafíos demográficos, particularmente el envejecimiento de la población española. La sostenibilidad financiera del sistema ha sido un tema central, con propuestas que van desde la reestructuración de la financiación hasta la introducción de tecnologías para mejorar la eficiencia del servicio.
La adaptación tecnológica, por ejemplo, ofrece promesas para el manejo más eficiente de los recursos y una mejor coordinación de los servicios a nivel nacional.
Del total de documentos considerados, 1.202 (71,3%) son normas actualmente vigentes, mientras que 485 (28,7%) han sido derogadas o se encuentran fuera de uso. Este alto porcentaje de normas vigentes indica un sistema normativo dinámico y en constante actualización para mejorar la cobertura y la eficiencia del SAAD.
Si se observa la aplicación de normas relacionadas con dependencia a lo largo el tiempo, las dos grandes crisis atravesadas en el período (económica al principio de la década y sanitaria al final) están sin duda relacionadas con un repunte en la aprobación de normas. Aunque la acción normativa estatal parece tender a ralentizarse, la de las Comunidades Autónomas (CCAA) se mantiene a un ritmo alto.
Considera el este estudio que este volumen de legislación refleja, en sentido positivo, una cierta capacidad del sistema para su adaptación a necesidades emergentes y otros cambios, pero ciertamente también es síntoma de una excesiva normativización, y por tanto burocratización, de los apoyos a personas en situación de dependencia.
La crisis económica de 2008 y sus consecuencias prolongadas hasta más allá de 2013, así como la crisis sanitaria de 2020 y años sucesivos, afectaron notablemente a la producción normativa relacionada con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), incluido en la Ley de Dependencia.
Durante 2011, 2012 y 2013 se realizaron ajustes significativos, incluida la suspensión de la financiación acordada, lo que aumentó la carga financiera de las Comunidades Autónomas, instalando así un rediseño del sistema tal como estaba inicialmente previsto.
El Pacto de Estado por la Dependencia de 2016 supuso un esfuerzo por revertir los recortes y estabilizar la financiación, sentando las bases para una mayor colaboración entre Administraciones, agentes sociales y económicos.
En términos de jerarquía normativa, la mayoría de los documentos aprobados se sitúan en el tercer nivel, correspondiente a directrices. A pesar de una disminución en la aprobación de reglamentos (segundo nivel), las leyes (primer nivel) han mostrado un resurgimiento en su impulso normativo desde 2020, señalando un posible refuerzo de las bases legales del sistema.
La temática de las normativas se ha centrado predominantemente en aspectos económicos, como las prestaciones y el copago, y en la organización administrativa del sistema. Esto sugiere una preocupación por la eficiencia financiera y la gestión del acceso y la valoración de la dependencia.
Entre los servicios específicos, la normativa sobre residencias ha sido especialmente prolífica, siendo muy escasas las referencias normativas referidas a la promoción de la Autonomía Personal, y a los servicios de Asistencia Personal.
Las CCAA han sido responsables del 83% de la normativa total, lo que subraya su papel crucial en la regulación y gestión de la dependencia. Las más activas son Cataluña, Canarias y Murcia. En términos de vigencia, regiones como Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón presentan altas tasas de derogación, superando el 40%. Andalucía destaca alcanzar una vigencia del 80%.
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