El Colegio de Procuradores de A Coruña y la Fundación Galega contra o Narcotráfico alertan de que el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia pondría en riesgo uno de los pilares de la eficacia en la lucha contra el narcotráfico en Galicia, puesto que el proyecto legislativo, tramitado en el Congreso y que ahora pasará al Senado, modifica el artículo 636 y deja sin contenido el 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que facultaban a los colegios de procuradores a realizar subastas como entidades especializadas.
En la práctica, esta modificación impediría al Colegio y a la Fundación gestionar y subastar los bienes incautados al narcotráfico, imposibilitando la prestación de un servicio especialmente valorado por las unidades policiales y judiciales de Galicia, con el que contribuyen y colaboran eficazmente en la lucha contra el crimen organizado.
Así pues, la citada reforma legal -tal y como está redactada en caso de ser definitivamente aprobada- supondría un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico, puesto que dificulta -cuando no impide- y ralentiza la venta de los bienes muebles intervenidos al quedar solo como canal de venta la subasta judicial a través del Boletín Oficial del Estado.
El decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, Javier Carlos Sánchez García, y el presidente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Manuel Couceiro Cachaldora, han remitido al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y a todos los grupos parlamentarios una carta expresando su preocupación por la modificación legal prevista y solicitando que se deje sin efecto esa disposición en la redacción definitiva de la ley.
Una década de colaboración
La Xunta de Galicia colabora con el Colegio y la Fundación desde hace diez años, poniendo esta herramienta a disposición de los juzgados y prestando un servicio que cuenta con el apoyo de todos los actores de la lucha antidroga en la Comunidad gallega.
El SGB, ahora en peligro, ayuda a agilizar la labor de las unidades judiciales, aporta ingresos directos al Estado a través de la venta anticipada de los bienes bajo autorización judicial, reduce los costes de depósito y fomenta el uso social de los bienes comisados.
El sistema funciona tras el correspondiente operativo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Servicio, siempre bajo mandato judicial, y supone en primera instancia la recogida del bien, su depósito y custodia. Posteriormente un perito especializado procede a tasar los bienes depositados para su posterior subasta por el Colegio de Procuradores en su condición de entidad especializada y a través del portal de subastas procuradores, informando de todo ello al Juzgado.
Aquellos bienes cuya venta no se considera conveniente son gestionados buscando un retorno social que permita ayudar a compensar el daño que el narcotráfico y las drogas causan a toda la sociedad.
Para prestar este servicio, el Colegio de Procuradores de A Coruña dispone de un centro de depósitos de considerables dimensiones, debido al gran número de vehículos y narcolanchas que se custodian. Recientemente se han ampliado las instalaciones en una nueva ubicación para garantizar el servicio a las unidades policiales y judiciales gallegas.
Cabe recordar que, el pasado 9 de octubre, tras la celebración de una jornada de trabajo en la sede de la Academia Galega de Seguridade Pública, la Xunta anunció la elaboración de un protocolo para la gestión de los bienes muebles intervenidos en operativos antidroga que favorezca una dinámica de trabajo común en Galicia y permita seguir avanzando en la tarea que llevan a cabo el Colegio de Procuradores y la Fundación Galega contra o Narcotráfico con autoridades policiales y judiciales.
A la cita acudieron especialistas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y de unidades antidroga de Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y Policía Nacional, que avalan la idoneidad del servicio.
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