La agencia para la competitividad de la empresa del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Cataluña (Acció) y el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) han firmado un acuerdo de colaboración para garantizar la protección de la propiedad intelectual e industrial (PII) de las pymes y startups catalanas.
El convenio de colaboración busca el impulso de la formación jurídica especializada en propiedad intelectual e industrial para profesionales de la abogacía, además de comprometerse a facilitar un listado de especialistas formados a aquellas pequeñas y medianas empresas (pymes) y startups catalanas que requieran sus servicios.
El punto de partida de esta alianza es el hecho de que las pymes y las startups catalanas se encuentran a menudo en una situación de desventaja ante los retos legales cada vez más complejos, especialmente en los casos de infracción de propiedad intelectual e industrial. En este sentido, ambos organismos consideran que es necesario facilitar a las pymes un mayor número de profesionales de la abogacía con formación específica en este ámbito.
En concreto, las actuaciones formativas se centrarán en los ámbitos del derecho de la competencia y de la propiedad industrial, y del derecho de propiedad intelectual y derechos de imagen. Por otra parte, con la finalidad de concretar, desarrollar y coordinar las acciones específicas derivadas de este convenio, se constituirá una comisión mixta de coordinación, formada por cuatro personas (dos designadas por ACCIÓ y dos designadas por el ICAB).
El secretario de Empresa y Competitividad y consejero delegado de ACCIÓ, Jaume Baró i Torres, y el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez García, han firmado el acuerdo esta mañana en el Palauet Casades, sede de la abogacía. El convenio tendrá una duración inicial de dos años desde la fecha de firma y se podrá prorrogar por periodos anuales.
Relacionados
- La Abogacía Española aboga por la suspensión de todos os señalamientos y plazos procesales en los territorios afectados por la Dana
- El Consejo General de Procuradores solicita la suspensión de todos los señalamientos y plazos procesales por la Dana
- Aprobada la Ley del Derecho a la Defensa que permite a los colegios de abogados publicar honorarios
- El Supremo ordena a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general para evitar que elimine pruebas
