El Supremo ordena a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general para evitar que elimine pruebas

La Guardia Civil registró en la mañana de este miércoles el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por revelación de secretos en el caso que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz, Ángel Luis Hurtado, ordenó el registro del despacho, sito en la sede de la Fiscalía en la madrileña calle Fortuny, con el objetivo de intervenir documentos, móviles y correos electrónicos para evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación.

El alto tribunal investiga si García Ortiz presionó a varios miembros de la Fiscalía de Madrid para conseguir información sobre el caso de presunto fraude fiscal por el que se investiga a la pareja de Ayuso y ordenó después publicar una nota de prensa con esta información. Concretamente, la Fiscalía de Madrid publicó un comunicado de prensa el 14 de marzo en el que se informaba de que González Amador supuestamente reconocía el fraude fiscal y buscaba llegar a un acuerdo con el Ministerio Público.

Asimismo, el Supremo también emitió otro auto a primera hora de la mañana de este miércoles en el que imputaba formalmente al fiscal general por revelación de secreto y le solicitaba que nombrara abogado y procurador para poder ejercer bien su defensa. Finalmente, será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa de García Ortiz en el caso.

En la misma resolución, Ángel Luis Hurtado da traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes, por lo que ha abierto la correspondiente pieza separada.

El juez ha decretado el secreto de las actuaciones por el plazo de un mes, por lo que ha abierto la correspondiente pieza separada.

Piden su dimisión

La presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, urgió al fiscal general a dimitir "inmediatamente" de forma "inexcusable".

En una carta dirigida a García Ortiz, Dexeus aseguró que "la revelación por el fiscal de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función que puedan ocasionar un perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona es una falta muy grave".

Dexeus considera que la actuación del fiscal general "denigra la imagen de la institución".