La Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que actualmente se encuentra en fase de presentación de enmiendas en el Senado, reconoce a los titulares de este derecho la obligación ser informados "de los costos generales del proceso y el procedimiento para la fijación de los honorarios profesionales", así como de "las consecuencias de una eventual condena en costas".
Esta medida no solo beneficiará a los ciudadanos personas físicas, sino también a empresas y Administraciones públicas, consideradas titulares del derecho de defensa. Así, los abogados de empresa y los del Estado y del resto de Administraciones públicas contarán con criterios orientativos para informar a sus responsables sobre las posibles consecuencias económicas de una sentencia adversa con condena en costas.
El Proyecto regula que los Colegios de la Abogacía podrán "elaborar y publicar criterios orientativos, objetivos y transparentes que permitan cuantificar y calcular el importe razonable de los honorarios".
La Carta de los derechos del ciudadano ante la Justicia y el Código Deontológico de la Abogacía Española ya estipulan que los abogados deben informar a sus clientes sobre las consecuencias económicas de una condena en costas.
Sin embargo, las multas impuestas a una decena de Colegios de la Abogacía, ratificadas por los tribunales, habían dejado muy claro que estas instituciones no pueden, hasta que entre en vigor la nueva ley, publicitar baremos con precios orientativos de servicios profesionales a los exclusivos efectos de tasación de costas y jura de cuentas.
De esta forma, se ha llegado a una situación de indefensión, ya que en la actualidad no existen criterios claros y transparentes, que permitan al abogado dar esa cifra orientativa a su cliente y, por tanto muchas empresas y ciudadanos renuncian a acudir a los tribunales en defensa de sus derechos por miedo a los costes que les pueda suponer.
El artículo 6 del proyecto de ley regula el derecho a ser informado de manera simple y accesible por el profesional de la abogacía que asuma la defensa, sobre, entre otros asuntos las consecuencias de una eventual condena en costas.
