Madrid
El Tribunal Constitucional de Italia ha declarado ilegal parte del impuesto que impuso en 2022 el Gobierno de Mario Draghi a las empresas energéticas, abriendo así ahora la vía a una guerra judicial por las compañías para parte de su devolución. El Ejecutivo español también aprobó una tasa a energéticas y bancos en diciembre de 2022 para afrontar la inflación y los efectos de la guerra de Ucrania por el que recaudó el año pasado 2.900 millones de euros.
En su fallo, y según avanza Europa Press, el Constitucional estima que, incluso "en materia tributaria y aun cuando, en momentos particulares, se trate de necesidades extraordinarias y preeminentes de la comunidad", el carácter excepcional del momento y la temporalidad del impuesto "no pueden considerarse una justificación para la introducción de ningún tipo de impuesto".
Así, declara la ilegitimidad del mismo artículo del gravamen pero sólo en la parte en que no excluye de la base imponible los impuestos especiales pagados al Estado e indicados en las facturas activas.
La sentencia señala que no parece arbitrario que se haya identificado el fortísimo aumento de los precios de los productos energéticos en la situación económica excepcional que se produjo como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y el mercado específico en el que operaban las empresas energéticas.
El Ejecutivo de Draghi aprobó este impuesto para las empresas energéticas por el que recaudó 2.800 millones de euros. Este importe se destinó a financiar medidas de ayuda para familias y empresas afectadas por los altos costes de la energía debido a la crisis energética por la invasión de Ucrania por Rusia.
En España, la tasa a banca y energéticas está recurrida también ante el Constitucional, aunque los expertos avecinan que la Corte de Garantías la avalará, al igual que hizo con el impuesto a las grandes fortunas.