Madrid
Los expertos en fiscalidad ya anticipan que el Tribunal Constitucional (TC) respaldará el gravamen temporal a banca y energéticas aprobado en diciembre de 2022 y por el que la Administración ya ha recaudado este año 2.900 millones de euros.
El Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Miguel Ángel Martínez Lago, ha señalado este miércoles en la presentación del documento 'Las prestaciones patrimoniales públicas no tributarias' realizada en la sede de la Aedaf, que no confía nada en que la Corte de Garantías anule este gravamen, viendo que ni la técnica jurídica ni el buen orden han presidido en las tres sentencias de noviembre que avalaban el impuesto a las Grandes Fortunas, que nació en la misma Ley que el gravamen. A su juicio, con estos antecedentes hay que poner pocas esperanzas en que el Constitucional vaya a anular el gravamen a banca y energéticas.
Bajo su opinión, el Catedrático señala que habría que explorar otras vías para su impugnación como la pérdida del control presupuestario por parte de la Administración. Cabe recordar que estos gravámenes son una prestación patrimonial de carácter público no tributario que responde a un fin concreto (en ese caso a paliar los efectos de la inflación) y, por tanto no un impuesto para financiar el gasto público. Según Martínez Lago, esto rompe el principio de unidad presupuestaria y abocar a un sinfín de cajas separadas, ya que unos ingresos provienen de impuestos y otros, de prestaciones.
No obstante, el experto matiza que aunque estos gravámenes sean una prestación, en el fondo "son impuestos enmascarados y asistemáticos". "Habría que reivindicar el buen orden y norma jurídica en la emanación de las normas y poner freno a esta plaga si queremos recuperar la idea del sistema tributario presidido por la seguridad jurídica. Habría que poner un inmediato coto y freno a estas figuras", señaló al respecto.
Por otro lado, la Ley que aprobó estos gravámenes señaló que en el último trimestre de 2023, el Gobierno elaboraría un informe provisional correspondiente al primer ejercicio de aplicación del gravamen. Un documento del que aún no se conoce su existencia.
