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Los inspectores de Hacienda locales avisan que la tasa de basuras puede dejar litigios por 4.000 millones

  • Señalan que puede provocar un caos tributario mayor que el de la plusvalía
Jornada de los Inspectores de la Hacienda Pública Local celebrada hoy en Madrid. | EE
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La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha pedido este viernes una reforma de la nueva tasa de basura, que tendrán que pagar ciudadanos y empresas a partir del 2025, ante el caos tributario que provocará por las complicaciones para establecer un cálculo homogéneo en todos los municipios y que puede conllevar litigios con un coste para la Administración de hasta 4.000 millones de euros, cuantía que se espera que recauden por ella el conjunto de consistorios.

Así lo han advertido durante la jornada organizada conjuntamente con la Fundación esPublico y que ha congregado a casi un centenar de expertos de distintos entes locales de toda España.

A juicio de los inspectores locales, la actual regulación es "escasa e ineficiente" y provocará más incertidumbre en capítulos como el cálculo de la cantidad que tienen que abonar los contribuyentes o la aplicación del pago por generación, según avisan en un comunicado.

"Estamos, por vez primera en la historia de la tributación local, ante una tasa de imposición obligatoria, que debe sufragar el 100% del coste del servicio y, también una novedad, y es que la tasa no tiene que ser deficitaria. Asimismo, debe aplicar el principio del pago por generación, que es consecuencia de otro conocido principio de el que contamina paga", apuntan.

Según los inspectores, el caos tributario por la deficiente regulación estatal sobre esta tasa puede ser "mayor incluso que el de la plusvalía municipal que tanto perjuicio causó a los ciudadanos, empresas y entidades locales".

Las estimaciones más recientes incrementan un 33% la recaudación que deberán ingresar los ayuntamientos por este concepto. Los ingresos totales en las arcas municipales se aproximarán más a los a los 4.000 millones que a los 3.000 millones inicialmente calculados, al tener en cuenta los objetivos de reducción en la generación de residuos y de incremento del reciclaje.

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